Con el voto de PRD y PT en contra, la Cámara de Senadores aprobó ayer reformas a las leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y Orgánica de la Procuraduría General de la República, mediante las cuales se permitirá que agentes del Ministerio Público Federal, de las procuradurías de justicia de los estados y del Distrito Federal, así como los integrantes de las instituciones policiacas puedan portar armas.

En el dictamen se señala que la propuesta se fundamenta en que la violencia que se vive en el país no parece tener fin ni límites, incluyéndose entre sus víctimas a funcionarios públicos, como agentes del Ministerio Público de los órdenes federal y estatal, funcionarios municipales, jueces, magistrados federales y estatales e integrantes de cuerpos policiacos de diferente índole, la delincuencia organizada ha atentado contra la vida de éstos y de sus familiares, los cuales están perfectamente identificados por los delincuentes.

El senador Felipe González (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, manifestó en tribuna que el dictamen se presenta debido a que a últimas fechas, varios ministerios públicos, en función de su trabajo, han sido asesinados o atacados por los delincuentes, y ellos, por cuestiones de ley, nunca van armados.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del PT, sostuvo que el tema es muy delicado; es aparentemente un asunto secundario o trivial, pero no lo es, actualmente los agentes del Ministerio Público y su personal, hablo de peritos, agentes investigadores, policía de investigación, no pueden portar armas, les está prohibido constitucionalmente.

La violencia, aseveró, no se combate con violencia; la sangre no se lava con sangre. ¿Saben cuántos ministerios públicos hay en el país?: siete mil. ¿Saben cuántos peritos hay en el país?: 50 mil, o sea, vamos a autorizar que 60 mil personas anden armadas, incluyendo a los procuradores.

El perredista Tomás Torres dijo que es una reforma inocua, frívola, como elemento de garantía empistolar a los ministerios públicos, cuando no somos capaces de cubrirlos con un régimen decoroso de seguridad social. Ahí están los pendientes.

El autor de la propuesta, el senador Eugenio Govea, de Convergencia, afirmó que se busca dotar de los instrumentos necesarios a los agentes del Ministerio Público para que ejerzan esta función a cabalidad y puedan, en determinado momento, defender su integridad.

Aprueban  legislación contra lavado de dinero

Anoche se aprobó en comisiones, en lo general, la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo propósito es frenar el lavado de dinero. Se trata de una de las iniciativas del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública, que fue sujeta a modificaciones de fondo por los legisladores.

No obstante, el panista Felipe González consideró que se requerían más cambios. Quién va a proteger a un ciudadano que vende una bodega o una casa; quién le va a garantizar que no le pasa nada si denuncia algún ilícito, preguntó.

Señaló que cada particular requerirá tener fichero o convertirse en policía para no ser sospechoso de encubrimiento.

Aquí la ciudadanía va a vivir en un estado policiaco, sostuvo en relación a que notarios públicos, corredores de bolsa, agentes inmobiliarios, vendedores de joyas o ciudadanos que vendan una propiedad, están obligado a reportar a la Secretaría de Hacienda las operaciones en efectivo, actividades o comportamientos inusuales de algún cliente.

Anoche continuaba la discusión en lo particular de esa ley. Uno de los puntos más debatidos se refiere a las sanciones, que incluyen multas de hasta 4 millones de pesos y 16 años de cárcel a quien incumpla esa normativa.