A un día de cumplirse un año del asesinato de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, activista ultimada cuando participaba en una caravana por la paz en San Juan Copala, Oaxaca, Omar Esparza Zárate, su viudo, fue detenido por elementos de la Policía Federal (PF) en jurisdicción de Tehuacán, Puebla, con el argumento de que el vehículo en el que viajaba estaba reportado como robado.

Esparza Zárate, líder regional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, viajaba con Fernando Urbano, presidente del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, en una Jeep Liberty Sport placas TKC-66-43 del estado de Oaxaca, en un tramo de la autopista hacia esa entidad, cuando fueron interceptados por los elementos de la PF, quienes los mantuvieron allí más de una hora y luego los trasladaron a la comisaría de Tehuacán.

El activista declaró en la segunda agencia del Ministerio Público su desconcierto pues la unidad en la cual viajaba pertenece al gobierno de Oaxaca y la puso a disposición de su organización para el traslado de testigos que tienen que declarar por el asesinato de Bety Cariño.

Al cierre de esta edición la agencia del Ministerio Público dejó libres a Omar y Fernando luego que autoridades de Oaxaca acreditaron con documentación la propiedad del vehículo.

Por teléfono, Esparza Zárate subrayó que los elementos de la PF le hicieron saber que su detención se debió a una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público Federal adscrito a la delegación Oaxaca de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, recordó que su esposa murió en una emboscada a la caravana Por la Paz en San Juan Copala, por lo cual no descarta que su detención haya sido una estrategia del gobierno federal para impedir que asista este miércoles a la movilización que se efectuará en Huajuapan de León, donde fue inhumada Bety Cariño, para pedir justicia.

Antes de ese acto, Omar tenía programadas reuniones con delegados del gobierno oaxaqueño, y entrevistas con activistas extranjeros y miembros del parlamento europeo, pues más de 25 países se han sumado a la exigencia de que el gobierno de Felipe Calderón esclarezca el crimen y aplique la justicia, con todo rigor, a los responsables del asesinato de Bety y del activista finlandés Jyri Jaakkola, quien el mismo 27 de abril de 2010 pereció por una agresión de supuestos pistoleros de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui.

El gobierno federal, sostuvo, no ha querido aplicar la justicia a pesar de que los criminales están identificados y hay pruebas en su contra, además de evidencias según las cuales los asesinos contaron con el apoyo de Ulises Ruiz, cuando fue gobernador de Oaxaca, y el diputado priísta Carlos Martínez.