La privatización del agua en el Distrito Federal se inició hace más de dos décadas, cuando los sistemas operadores fueron entregados a cuatro empresas manejadas por las trasnacionales Veolia, Severnt Trent Ambientales de México, Suez Bufete Internacional y United Utilities Gutsa, que con la aprobación de la iniciativa del gobierno capitalino se encargarían de su distribución y cobro para abastecer mejor el recurso, denunció Andrés Barreda, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un foro organizado por La Jornada, investigadores y representantes de organizaciones sociales criticaron la intención del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de despojar de un derecho a los habitantes de la ciudad en busca del apoyo del sector empresarial, intentando meternos un gol del tamaño del estadio Azteca, cuando en zonas como Iztapalapa se cuenta con un suministro irregular o no se tiene, pero se cobra a precio de lujo.

Ana Hernández, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), señaló que la solución al problema de suministro no está en la privatización, sino en lograr que la gente que vive en el oriente tenga acceso a líquido de buena calidad, no como el que recibimos, de color oscuro y con animales; que se le condone el pago si no le llega o no le cobren mil 40 pesos cuando le cortan los tubos por error, cuando está al corriente.

Por ello se determinó enviar una carta a la Asamblea Legislativa para que la iniciativa que se apruebe incluya el derecho de los habitantes al agua potable y que los servicios hídricos bajo ninguna circunstancia sean cedidos, concesionados, subrogados, subcontratados, terciarizados, ni se pueda recurrir a cualquier forma de privatización o gestión privatizadora, informó Rodrigo Gutierrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Para la diputada perredista Valentina Batres la solución está en incrementar el subsidio en materia de agua, pues no sólo se apoyará al usuario, sino se contará con mayores recursos para invertir en infraestructura. Los recursos privados encarecerían su costo, cuando se trata de un derecho. Por eso es difícil pensar en un órgano autónomo, como se plantea en la iniciativa enviada hace unas semanas.