Zihuatanejo, Gro. Es la cuarta ocasión en que los pescadores de este puerto se enfrentan al riesgo de ser desplazados. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concesionó la bahía al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para establecer una administración portuaria integral (API). Es la privatización, señalan.

Desconocen los alcances de la concesión publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero. Han acudido en busca de apoyo a la presidencia municipal, realizaron una marcha el 31 de marzo y fueron a las cámaras de Diputados y Senadores, donde los legisladores les prometieron visitar el puerto para conocer de cerca el problema.

Su meta es la anulación del proyecto. Anteriormente, los pescadores lograron cancelar los planes de construcción de un muelle de cruceros. Su argumento fue que alrededor de 2 mil 500 familias viven de la pesca, no hay más opción de empleo, ya no son jóvenes para recomenzar y la economía del puerto gira en torno a esa actividad. Sobre todo, recuerdan, Zihuatanejo se formó hace 60 años como pueblo de pescadores. Y así debe continuar, enfatizan.

De acuerdo con el Diario Oficial, unas 3 mil hectáreas de la bahía y de laguna Salina fueron concesionadas a Fonatur. Ésta es la zona donde funcionan las 26 cooperativas pesqueras, ahí tienen ancladas embarcaciones y hacen la captura.

Hace 15 años se construyó un espigón frente al estero Salina, lo cual cambió las corrientes marinas y hoy impide el movimiento en este cuerpo de agua, ubicado a un costado de la bahía. Esto causó la muerte de manglares y que se convirtiera en depósito de aguas residuales de la ciudad, donde viven 100 mil personas. Generalmente, la laguna es verdosa, a veces maloliente, ya que las plantas de tratamiento no siempre funcionan, dice Obdulia Balderas, presidenta de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz).

Un día a la semana arriban dos cruceros. Bajan turistas en tenders –pequeñas embarcaciones que los trasladan al muelle. Ya en tierra los espera un transporte para conducirlos a algún sitio turístico. Su consumo en el pueblo es casi nulo. Un refresco, una cerveza, una playera, un llavero, explica María de Lourdes Armenta, integrante de la Rogaz: Los promotores vienen con el cuento de que la derrama económica será mayor y habrá empleos; no es verdad. La construcción del muelle elevaría el turismo de cruceros, pero perderíamos al visitante de carretera, que se hospeda en hoteles y come en restaurantes. Cambiaríamos a éste por el que baja unas horas y gasta unos cuantos pesos.

Explica que en 1994, 2003, 2005 ya se había intentado privatizar el puerto. “La diferencia es que ahora ya se publicó en el Diario Oficial y se presenta como un hecho. Buscan despojar a los pobladores en beneficio de unos pocos”, denuncia.

La concesión especifica que aquí habrá una API, pero no se precisa si los cruceros seguirán llegando, como hasta ahora, porque Barra de Potosí, donde sería el muelle, está a 30 minutos por tierra y no hay infraestructura turística, a menos que la vayan a construir, explica.

Fonatur, indica, pretende homogeneizar todos los sitios: si en Huatulco y los Cabos hay API, aquí también, aunque este puerto tenga características diferentes. Esta concesión privatizadora atenta contra los derechos humanos de la población al trabajo, al libre tránsito, a la vida digna, a la salud y a un medio ambiente sano.

Jesús Álvarez, presidente de la cooperativa de prestadores turísticos lo dice sin ambages: Detrás de esta iniciativa hay gente poderosa, como John McCarthy, ex director de Fonatur en el sexenio pasado, y otros socios. Aquí llegan con el pretexto de generar fuentes de empleo. La pregunta es cuál será el costo. A los pescadores no se nos ha hablado claro. En el título de concesión ni se nos menciona. No se dice si vamos a ser indemnizados o reubicados.

Nuestros derechos constitucionales no son tomados en cuenta, advierte Benjamín Lorenzano, presidente de la cooperativa pesquera Los pulpos, que cuenta con 24 socios y pertenece a la Federación de Cooperativas Pesqueras José Azueta.

En el patio de una casa, cerca del muelle, se congrega un grupo de presidentes de cooperativas que acaba de regresar del Distrito Federal, donde se reunió con legisladores.

Benjamín puntualiza: somos un pueblo pacífico, pero si nuestros derechos son atropellados, dejaremos de serlo. Somos de edad avanzada, de 30 años en adelante y pocos tenemos estudios. Si no es en este empleo, ¿en qué vamos a trabajar?

El proyecto se hizo sin tomar en cuenta a la población. La bahía tiene una entrada estrecha, en medio de la cual hay morros, y difícilmente es afectada por los huracanes. Por eso es tan codiciada por gente ambiciosa, advierte Benjamín.

“Hay buzos que pescan con arpón, pero hay sitios donde ya no pueden trabajar, porque están cerca de playas privadas. Trabajamos para subsistir, cuando nos va mal comemos un poco de pescado, langosta u ostión. De aquí sale para la educación de nuestros hijos, para las medicinas, no tenemos seguro social, pagamos todo de nuestro trabajo, expone Elio Solís, presidente de la cooperativa Atarrayeros de Zihuatanejo.

Por generaciones la pesca ha sido el medio de vida de los pobladores. Cada cooperativista emplea a cuatro personas. De la pesca también dependen restaurantes, talleres de reparación de lanchas, vendedores de combustible y el turismo.

Con la llegada de buques entra en vigor un código internacional de seguridad que impedirá el libre paso a pescadores y a la población, para protección de los visitantes, señala Florentino Zavala, representante de 18 cooperativas pesqueras de Zihuatanejo y Petatlán.

En la bahía de Ixtapa hay casas, propiedad de empresarios que han privatizado las playas La Escondida y Los Cuates, entre otras. Y en el muelle del puerto, donde la gente acostumbra sentarse a partir de las ocho de la noche, ya se comenzó a restringir el acceso.