ada que la ocasión lo amerita, los funcionarios mencionan la necesidad de alcanzar una efectiva coordinación entre las distintas dependencias que conforman los gobiernos federal, estatal y municipal. Sin embargo, en la realidad ocurre lo contrario. Una muestra de lo anterior es la construcción de lujosas casas que invaden la zona marítima federal terrestre (franja de 20 metros medidos tierra adentro desde donde rompen las olas del mar), en el fraccionamiento Playacar Fase 1, en Playa del Carmen, Quintana Roo, y que aquí denunciamos antes de que comenzaran los trabajos referidos.

Sin embargo, las autoridades municipales concedieron los permisos de construcción; igual hicieron los responsables de administrar y supervisar las obras que se realizan en dicho fraccionamiento. Ambas instancias no consideraron tampoco la destrucción de la duna que protegía contra la erosión del litoral. Esta erosión, junto con los huracanes, allí dejó anteriormente en ruinas varias mansiones. Se desconoce si los propietarios de las nuevas cuentan con el permiso que en estos casos debe expedir la autoridad federal ambiental.

De ser así, estaríamos ante un claro ejemplo de corrupción. Más evidente porque en la prensa estatal se denunció el asunto, porque el anterior titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) conoció del caso, además de haber una denuncia popular interpuesta ante la delegación estatal de la citada procuraduría. Sin embargo, los trabajos continúan a ritmo acelerado con la idea de consumar en los hechos lo que la ley prohíbe. Muy poderosos e influyentes deben ser los dueños de las mansiones y quienes les consiguen los permisos pues abren fácilmente las puertas de la ilegalidad en las oficinas públicas. Igual la empresa estadunidense que ahora ofrece en venta cuatro lotes más contiguos a las mansiones citadas. Precisamente en esa parte de la franja costera brota agua dulce proveniente de corrientes subterráneas de la península yucateca. Agreguemos finalmente que las corrientes marinas se llevan poco a poco en dicho fraccionamiento y áreas contiguas la arena que se utilizó el año pasado para crear cuatro kilómetros de playa.

También se viola la ley ambiental y otras disposiciones federales en Jalisco, donde con el apoyo del gobernador de la entidad y la fuerza pública local el empresario José María Andrés Villalobos invadió la zona marítima federal terrestre y cerró el tránsito al público hacia la playa de Tenacatita, una de las más tradicionales de dicha entidad. La Profepa ya emplazó al citado empresario a reabrir el paso, desafiando así el poder del góber piadoso.

Por su parte, los ediles de Navolato y Ahome, en Sinaloa, acordaron cobrar una cuota voluntaria de 30 pesos a las personas que ingresen a las playas de esos municipios. La protesta es generalizada, aunque los funcionarios dicen que el dinero lo destinarán a mejorar la franja costera y conservar el manglar. Cabe señalar que las autoridades permiten que los resorts y los hoteles todo incluido prohíban el acceso a a las playas a quienes no están alojados en esos negocios, en clara violación de la ley que garantiza el libre acceso a esa parte del territorio nacional.

Mientras, se demostró la negligencia criminal de las autoridades al no proteger a Javier Torres Cruz, el campesino ecologista asesinado hace una semana en Petatlán, Guerrero, por un grupo vestido de verde olivo. Desde hace cuatro años Javier estaba (junto con su familia) en la mira de quienes se benefician de la destrucción del bosque. En Michoacán es, según el gobierno estatal, la delincuencia organizada la que está detrás de la tala y los conflictos entre pueblos. El jueves pasado los pobladores de Cherán, en la meseta Purépecha, entregaron a las autoridades a cinco talamontes que retuvieron cuando trasladaban en varios camiones madera obtenida en sus terrenos comunales. Los talamontes son de Parácuaro, pueblo vecino. La meseta Purepecha es una de las fábricas de agua más importantes de Michoacán. De ella dependen centros urbanos y actividades agrícolas, que ven cómo escasea el líquido por la deforestación que las autoridades dicen estar combatiendo como nunca.