esultan contradictorios los dichos del Departamento de Estado de Estados Unidos en su más reciente alerta –emitida ayer– a sus ciudadanos para que restrinjan sus viajes a México. Por un lado, las autoridades del vecino país reconocen los esfuerzos considerables que han realizado sus contrapartes mexicanas para proteger a estadunidenses y otros visitantes en sitios turísticos. Por el otro, la dependencia encabezada por Hillary Clinton enfatiza el peligro que representa visitar los estados de la franja fronteriza de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas), así como algunos sitios de Durango, Michoacán, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero y Morelos; menciona las más de 15 mil muertes violentas registradas en 2010 en el territorio nacional y pondera el incremento en el número de ciudadanos estadunidenses asesinados en México de 2007 a 2010.

En lo general, pues, la nota emitida por Washington continúa en la misma línea de ambigüedad que ha mostrado en otros pronunciamientos relacionados con la guerra que el calderonismo declaró hace más de cuatro años a las organizaciones delictivas: en varias ocasiones, el gobierno del vecino país ha elogiado los esfuerzos del mexicano en las tareas de seguridad y combate a la delincuencia organizada, y en otras tantas ha desacreditado esa misma estrategia, se ha dicho decepcionado por sus resultados, ha señalado que el país enfrenta un escenario de violencia sin precedentes –como lo sostuvo la FBI a principios de este mes–, y ha afirmado que las autoridades mexicanas acusan cierta frustración por el fortalecimiento de los cárteles a pesar de –o posiblemente gracias a– los esfuerzos oficiales para combatirlos.

Lo que no sale a relucir ni en las alertas emitidas a sus ciudadanos para que no viajen a México, ni en los señalamientos de autoridades para alabar o desacreditar al gobierno mexicano –el cual, por lo demás, ha sido obsecuente hasta la claudicación para con sus pares al norte del río Bravo en esta materia–, es el reconocimiento del grado de responsabilidad que corresponde a las propias autoridades del vecino país tanto en la configuración histórica de la política de persecución a la producción, trasiego y uso de drogas ilícitas, como en el diseño y la operación de la estrategia de seguridad, tan ineficaz y contraproducente, puesta en marcha por el calderonismo. Significativamente, el Departamento de Estado estadunidense pide a sus conciudadanos tener particular cuidado al visitar Tamaulipas y Michoacán, entidades en las que se estrenaron, respectivamente, los despliegues policiaco-militares contra las drogas de finales del sexenio de Vicente Fox –en el contexto de la operación México Seguro– y los operativos castrenses con los que el actual gobierno inauguró su guerra contra el narcotráfico.

La aplicación de las directrices de seguridad vigentes ha hecho que, en efecto, el territorio nacional sea un peligro para los ciudadanos estadunidenses, pero también para los centro y sudamericanos que transitan por México con el fin de llegar a Estados Unidos y, por supuesto, para los miles de mexicanos que han engrosado el saldo de civiles muertos, posteriormente reducidos a condición de bajas colaterales en el discurso oficial: tal es el precio que el país ha debido pagar por enfrascarse en una guerra que surge de un problema ajeno –el irrefrenable consumo de drogas en Estados Unidos–, y que se agrava con la indolencia y hasta la complicidad de las autoridades de ese país hacia el tráfico ilegal de armas a México –recuérdese la operación Rápido y furioso– , y con su postura cuando menos omisa para contener el flujo de dinero lavado en los circuitos financieros estadunideneses. Con estas consideraciones en mente, es inevitable concluir que el principal interés de las autoridades del vecino país no es que México se pacifique ni que deje de sufrir más muertes violentas, sino que dentro de las víctimas de esta guerra no se cuenten ciudadanos de Estados Unidos.