Los bajos salarios y los elevados niveles de desigualdad financiera en América Latina repercuten en el bienestar y la estabilidad sociopolítica de los países, pero también inciden negativamente en la eficiencia de su economía, advierte una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Explica que la educación representa uno de los factores más relevantes de dicha desigualdad salarial, así que ésta seguirá en incremento mientras el acceso a la enseñanza superior sea exclusivo para ciertos sectores.

Al analizar la desigualdad salarial entre trabajadores de zonas urbanas que laboran entre 20 y 80 horas a la semana de 13 países de América Latina, el organismo destaca que desde la década de los 90 hubo un incremento general en los niveles de escolaridad, al pasar de nueve a 10 años en promedio.

Sin embargo, esto no se tradujo en una reducción en niveles de desigualdad de todos los países, ya que sólo algunos como Colombia y Brasil mejoraron en términos de dispersión de ingresos, a la inversa de los que sucedió con naciones tradicionalmente igualitarios como Costa Rica y Uruguay.

Según la investigación de Cepal, a cargo de Dante Contreras y Sebastián Gallegos, si la escolaridad se expande de manera asimétrica entre la población, entonces en lugar de abatir los niveles de desigualdad puede incrementarlos.

Así sucede si el aumento promedio de la educación de un país se concentra en la enseñanza terciaria (universitaria), cuando sólo una fracción de hogares de altos ingresos puede acceder a ella se incrementará la desigualdad.

Esto debiera revertirse a medida de que el acceso a las universidades se masifique. Las futuras inversiones en materia educativa deben apuntar a aumentar niveles de escolaridad más allá del ciclo secundario, por lo cual requerirá poner especial énfasis en facilitar el acceso a la educación superior a los segmentos más pobres de la población, puntualiza Cepal.

El estudio también apunta que otra de las transformaciones recientes del mercado laboral latinoamericano es la disminución de personas en el hogar y el incremento de las mujeres en las filas de asalariados, particularmente las que pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos.

Desde antes de que comenzara este siglo las mujeres clasificadas como pobres aumentaron su participación en el mercado laboral en siete puntos porcentuales, mientras que las no pobres muestran un incremento de cuatro puntos.

Con ello, en la década antepasada las mujeres que percibían un salario subió hasta 40 por ciento respecto del total de mujeres en edad de trabajar. En contraste, la tasa de participación de los varones en el mercado laboral se ha mantenido estable, independientemente de su condición económica.

Paralelamente, las llamadas reformas económicas estructurales aplicadas por gobiernos de algunos países de la región para abrir sus mercados y privatizar diversas actividades, que antes sólo estaban bajo el Estado, produjo una reducción de 28 a 21 por ciento de trabajadores del sector público.