La discriminación contra grupos de la población como niños, mujeres, personas de la tercera edad, discapacitadas y con preferencias sexuales distintas aún persiste en la ciudad de México, pese a las acciones emprendidas por las autoridades, como la ley para prevenir y erradicar esta práctica, señaló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En su informe de labores 2010, el organismo indica que el número de quejas en ese sentido se incrementó en más de 26 por ciento respecto de 2009, al pasar de 519 a 710 expedientes abiertos.

Ante esto, la CDHDF manifestó su preocupación por la ausencia de un enfoque estructural y de derechos humanos en la atención a esta problemática, que se pretende resolver con una perspectiva asistencialista que no tiene como objetivo la construcción de ciudadanía, lo cual calificó de retroceso.

Según las quejas presentadas ante la comisión, los derechos que más se violan son los de protección a la niñez, a las personas con discapacidad, de la tercera edad, y en el caso de las mujeres a una vida sin violencia.

Ejemplo de lo anterior, manifestó la CDHDF, es que las personas con discapacidad no han sido incluidas de manera plena en todos los ámbitos de la vida social, como lo ordena la convención de la Organización de las Naciones Unidas, pues, afirmó, es evidente que la política pública mexicana dirigida a este sector se limita a programas especiales que segmentan y colocan en espacios confinados a este grupo.

Las estadísticas del organismo indican que las autoridades que más violan los derechos de estos grupos son la Procuraduría General de Justicia, las secretarías de Desarrollo Social y de Gobierno, así como las delegaciones políticas.

Lo anterior, agregó, es signo de que a estas personas se les niega el acceso a la procuración de justicia y a programas sociales que deberían estar al alcance de todos los ciudadanos.

Como resultado de sus investigaciones, la CDHDF determinó emitir recomendaciones en tres casos: una al Instituto de Educación Media Superior del DF, por violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivos de salud; otra más a la Secretaría de Salud, por afectaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; y la tercera, dirigida a las secretarías de Gobierno y de Transportes y Vialidad, así como la delegación Venustiano Carranza, por no garantizar la protección de las personas adultas mayores; con discapacidad, niños y mujeres; sin embargo –reconoció el organismo– en ninguno de los casos se han logrado avances importantes para remediar las violaciones cometidas a esas garantías.