Diputados que integran la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dijeron no tener conocimiento de la desincorporación de un tramo de la calle Enrique Rébsamen, en la colonia Del Valle, para venderlo a la tienda Comercial Mexicana, aunque aclararon que en dicho mecanismo de enajenación no interviene el órgano legislativo.

Sin embargo, a decir del diputado de PAN Fernando Rodríguez Doval, el decreto que emitió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, en noviembre pasado no tiene fundamentación legal alguna.

Aseguró, además, que dicho acto violó la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicio Público del Distrito Federal, en la que se señala que los bienes de uso común, como las calles de la ciudad, son de carácter inalienable, imprescindible e inajenable.

Lo que señala la antedicha ley en su artículo 19 es que se consideran bienes de uso común aquellos que puedan ser aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El legislador dijo que su partido respaldará a los vecinos en sus acciones para impedir que la calle deje de ser espacio público. Contra lo dicho por el gobierno de la ciudad de que se trataba de una vía en desuso, Rodríguez Doval advirtió que la incorporación de la calle en favor de la tienda de autoservicio para ampliar su estacionamiento generará caos vial en la zona por tratarse de un acceso que permitía a un gran número de personas trasladarse a sus domicilios y centros de trabajo.

Consultados al respecto, el vicepresidente de la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, el petista Juan Pablo Pérez Mejía, y el perredista Fernando Cuéllar, integrante de la misma, dijeron desconocer el caso. Cuéllar afirmó que revisará la información correspondiente para constatar si el procedimiento se realizó de manera correcta.

Por su parte, la diputada Valentina Batres Guadarrama, quien preside la Comisión de Hacienda de la ALDF, dijo que revisará el presupuesto y los informes de ingresos y egresos para determinar en qué momento la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino registró los más de 18 millones de pesos producto de dicha enajenación, para efectos de la cuenta pública.