En la operación del Seguro Popular existe una corrupción tremenda. Aunque la estrategia estuvo bien concebida para garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin seguridad social, se cometió el error de dejar la administración a los gobiernos de los estados, donde ha prevalecido la falta de transparencia y claridad en el uso de los recursos, aseguró Ernesto Saro, presidente de la Comisión de Salud del Senado.

Ante representantes de la industria farmacéutica, asistentes al Congreso de Market Access, organizado por Eyeforpharma, el legislador señaló que para corregir las fallas del Seguro Popular, el cual se plantea como el tercer pilar de la seguridad social, se requiere una nueva reforma legal, por la cual el dinero que se envíe a las entidades sea con base en los servicios que se otorguen y ya no por el número de afiliados, indicó.

En 2011, el presupuesto para el Seguro Popular es de 65 mil millones de pesos y la mayoría debe ser utilizado directamente por los gobiernos estatales.

Dijo que es difícil calcular el monto de recursos que se pierden por la falta de transparencia, “pero puso de ejemplo las compras de medicamentos. Mientras algunas entidades adquieren un producto a un costo, en otros estados se paga varias veces más por el mismo fármaco.

Recordó que aunque existe una lista de precios de referencia autorizada por la Secretaría de Salud (Ssa), justamente para evitar disparidades, los servicios estatales respetan los límites máximos a pagar por cada medicina, pero luego tienen contratos de distribución que elevan costos.

Sobre la posibilidad de que la propia Federación fiscalice el uso del presupuesto, Saro explicó que existe el obstáculo de la autonomía estatal. Las investigaciones, si se realizan, dependen de las mismas autoridades locales.

Agregó: Hoy por hoy los gobernadores se convirtieron en reyes. Los controlan los congresos locales, pero en realidad, son los mandatarios los que controlan a los congresos.

Dijo que la falta de claridad en el uso del presupuesto se da pese a que los recursos provienen de la Federación. Por la reforma a la Ley General de Salud, que a partir de enero de 2004 dio paso a la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular, los legisladores deben autorizar montos crecientes de dinero. Saro comentó que los fondos se transfieren a cuentas estatales, la cuales no son auditables.

Para el senador panista, parte de la solución está en emprender reformas al sistema. Una vez que se ha dispuesto del dinero para la construcción de clínicas y hospitales, lo que sigue es elevar la calidad de los servicios. Una forma sería que los fondos se asignen a cada entidad con base en la atención médica que otorgue.

Explicó: si una persona no acude a las clínicas porque está sana, excelente; se ahorra el estado y la Federación. En cambio, si hay una persona con VIH o cáncer, de alto costo, que ambos niveles de gobierno paguen en conjunto.

Otra posibilidad expuesta por el legislador es concretar el sistema único de salud en el país. Para ello se podría tomar como modelo al Infonavit, que actualmente es un organismo financiador, el trabajador recibe el dinero y escoge su casa. Lo mismo debería ocurrir en el sistema nacional de salud, apuntó.

La Secretaría de Salud sería el organismo financiador. El resto de las instituciones, con sus clínicas y hospitales, serían prestadores de la atención médica.

Para ello, se deben establecer la portabilidad de los servicios, es decir, se garantiza el acceso a la atención médica en clínicas y hospitales, independientemente de la derechohabiencia.

Se requiere un padrón único de usuarios, credenciales y expediente clínico electrónico, entre otros aspectos.