La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Educación, para que profesores o autoridades educativas presenten denuncias penales cuando detecten el abuso, acoso o agresión a alumnos –conocido como bullying– en escuelas públicas o privadas.

El dictamen destaca que las agresiones a alumnos entre sí y de personas ajenas a los planteles se han convertido en un problema de seguridad para los estudiantes, que debe ser contenido y sancionado, sobre todo porque el país vive un ambiente de violencia prácticamente generalizado.

No obstante, la comisión definió que la indisciplina y la violencia en los planteles no son dinámicas diarias, sino actitudes de los alumnos que deben ser atendidas observando cada caso de manera particular y dentro del marco reglamentario de las instituciones educativas.

El documento, que dictamina iniciativas de los diputados María Joann Novoa (PAN), Caritina Sáenz (PVEM), Alfredo del Mazo (PVEM), y Jorge Kahwagi (Panal), refiere que desde la encuesta sobre las condiciones de trabajo de los profesores y el ambiente educativo de las escuelas 2007, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se advirtió que en México se vive un ambiente escolar de violencia.

Entre los factores identificados de esa situación se encontró que la intimidación verbal o abuso entre estudiantes afectaba a 61.2 por ciento de los planteles; la agresión física, a 57.1; el robo, 56 por ciento, y la intimidación verbal o abuso a los maestros y al personal, a 47.2 por ciento.

La comisión refirió que la agresión física o verbal no es sólo entre alumnos, sino forma parte también de un método arcaico de disciplina de los maestros hacia los estudiantes.

Los maltratos físicos o emocionales que se presentan en la vida escolar están relacionados con formas tradicionales de castigo, ineficaces para lograr la disciplina necesaria en el trabajo escolar, y se requiere un cambio que redefina los roles entre profesores y alumnos, indica.

Asimismo, plantea que debe ser obligación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) emprender una campaña de actividades para orientar a los menores de edad a cuidarse a sí mismos, a resolver conflictos de forma no violenta y a identificar y manejar situaciones de riesgo.

Los legisladores definen que la responsabilidad de evitar agresiones también corresponde a los padres de familia o los tutores, quienes deben prevenir y detectar cuando sus hijos o pupilos son víctimas de violencia escolar, mientras los profesores también deben estar atentos a identificar los efectos del abuso, reconocer las características de los alumnos agresores y propiciar ambientes escolares seguros.

La reforma incluye una adición a la fracción III del artículo 8 de la Ley General de Educación, para que entre los criterios de la educación que imparte el Estado esté el de fortalecer en los alumnos el aprecio por la dignidad de la persona y a la cultura de la paz.

También se agrega una fracción XIII al artículo 14, para que las autoridades federales y estatales educativas promuevan mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones.

Y se modifica el artículo 49 para definir que el proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren relaciones armónicas, de respeto e igualdad entre alumnos y sus profesores.