Legisladores de PRI y PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados.

El priísta Francisco Labastida recordó que en el Senado les llevó más de un año aprobar la minuta que ahora se discute en San Lázaro, y resaltó que no debe darse por aprobado un proyecto que aún no se discute siquiera en comisiones.

Recalcó que en el eventual caso de que el dictamen se aprobara en esos términos, es muy difícil que lo avale el Senado. Destacó que en la mayoría de los países la utilización del Ejército requiere del refrendo del Poder Legislativo.

Si se aprobara, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano, advirtió el perredista Tomás Torres. Indicó que la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en Xicoténcatl –el 27 de abril de 2010– eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, el panista Felipe González González, expuso que no está de acuerdo en que se modifique la minuta para permitir al Ejecutivo enviar tropas al extranjero para colaborar en la solución de conflictos en otras naciones, y dijo que se trata sólo de un proyecto de dictamen que no se ha votado en San Lázaro.

Reveló que ya habló con diputados de su partido, quienes le dijeron que el anteproyecto aún no se discute y algunos legisladores del PAN no están de acuerdo. Agregó que la discusión no debe convertirse en pugna entre cámaras.

Por separado, Labastida Ochoa rehusó referirse a una posible pugna con los diputados del PRI. Soy muy cuidadoso con mis compañeros, pero no puedo dejar de mencionar las declaraciones que ayer formuló David Penchyna, acerca de que no pueden autorizar al Presidente de la República el uso irrestricto del Ejército.

A su vez, Torres sostuvo que en forma alguna podrían aceptar modificaciones a la minuta sobre el planteamiento inicial de Calderón o que incluso vayan más allá, como se prevé en el anteproyecto de dictamen. Definir la seguridad nacional a partir del concepto de seguridad pública es poner en manos del Ejecutivo la decisión, cualquiera que sea, para decretar en los hechos y en la ley la supresión de garantías.

El perredista agregó que el crecimiento de la violencia y la inseguridad no pueden ser pretexto para allanar el camino a la militarización del país, porque el Congreso le ha aprobado a Calderón todos los instrumentos legales necesarios para el combate al crimen organizado.

De la iniciativa para crear la Ley de Seguridad Nacional, así como de otras propuestas de Calderón, le hemos quitado aspectos que significaban violación de derechos humanos y normas estalinistas. Recordó cómo el gobierno federal ha malempleado, incluso con fines de persecución política, las figuras de arraigo y testigos protegidos.

No podemos consentir que se den manos libres al Ejecutivo para que utilice al Ejército sin declarar el estado de excepción y sin autorización del Congreso. Sería un retroceso en la conquista de las libertades ciudadanas, que han sido motivo de luchas históricas en este país desde el movimiento de Independencia de 1810, la Reforma, la restauración de la República y el movimiento armado de 1910.

Destacó que cuando dictaminaron la Ley de Seguridad Nacional tuvieron muy en cuenta en el Senado esas libertades, la reivindicación de garantías sociales, que no son posibles si no se respeta la institución pública y los derechos individuales. En más de un año que la minuta ha estado en San Lázaro debieron hacer esa misma valoración, recalcó.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, dijo que no hará ningún comentario hasta que el proyecto de dictamen se haya aprobado en San Lázaro. Sin embargo, reivindicó la seriedad del trabajo realizado en el Senado.