La Habana, 20 de abril. El Partido Comunista de Cuba (PCC) acordó en su sexto congreso, concluido el martes, atenuar los impuestos a los microempresarios, de acuerdo con las condiciones económicas de cada región del país, según reportó la televisión.

Aún se desconoce públicamente la versión final de los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobada por el congreso y que se convertirá en la hoja de ruta de la reforma emprendida por el presidente Raúl Castro.

Pero la televisión ha transmitido versiones del trabajo en las comisiones, en una de las cuales se produjo un intenso debate entre representantes de provincia, por una parte, y otros delegados y funcionarios del gobierno central, sobre la política fiscal para los trabajadores por cuenta propia.

El gobierno reabrió en octubre pasado el autoempleo y la microempresa con una nueva escala impositiva. En diciembre, ante el parlamento, el vicepresidente Marino Murillo reconoció que había quejas por la carga fiscal en el sector y anunció que las autoridades revisarían de cerca esa política.

La microempresa en Cuba tuvo su mayor apertura en décadas durante los años 90, pero la política oficial se endureció más tarde, al hostilizar a los privados con discursos y reglamentos. Finalmente se congelaron la licencias.

Apoyo de las autoridades a la alternativa laboral

En septiembre de 2010, poco antes de la nueva etapa, había sólo 99 mil 917 trabajadores por cuenta propia, el nivel más bajo en década y media, según informes del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Defendiendo la nueva línea, el presidente Raúl Castro dijo al congreso que la microempresa, como alternativa laboral, debe contar con el apoyo, respaldo y protección de las autoridades a todos los niveles, así como los privados tienen que pagar sus impuestos.

La ampliación del sector, lejos de significar una supuesta privatización de la propiedad social, como afirman algunos teóricos, está llamado a convertirse en un factor facilitador para la construcción del socialismo, agregó Castro, precisando que el Estado se concentrará en los sectores estratégicos y la prestación de servicios.

Según cálculos oficiales, un millón 800 mil trabajadores pasarán al autoempleo en los próximos cinco años, aliviando así el impacto de los despidos en el sector estatal, que alcanzarían más de un millón en un plazo ahora indefinido.

El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Mateu, informó que en los últimos seis meses recibieron licencia para operar 201 mil 116 solicitantes, lo que arroja un total actual de 301 mil 033, el número más alto desde los años noventa.

Mateu consideró muy prematuro evaluar aún el resultado de la experiencia. Confirmó que los emprendedores se concentran en restaurantes y pequeños puestos de comida; personal para las microempresas, operación de transporte y venta de artículos domésticos. Dos tercios de los nuevos autoempleados no tenían trabajo, lo que sugiere que podría tratarse de comerciantes en el mercado negro que han pasado a la legalidad.

El funcionario descartó la ampliación a corto plazo de la actual lista de 178 oficios, que ofrece sólo opciones para tareas de baja calificación. No se está pensando en una nueva lista, primero hay que consolidar la experiencia, subrayó.

La discusión sobre los impuestos surgió en el congreso, cuando delegados de provincia reportaron que muy pocas personas han optado por un grupo de actividades por cuenta propia, cuyas cuotas mensuales mínimas son altas, según el diario oficial Granma.

El fisco cubano decidió revisar anualmente las cuotas mínimas mensuales en ese sector (anticipos de la declaración anual), para corregirlas si es necesario, según se informó en el congreso. Delegados de provincia pidieron reconocer las diferencias económicas entre regiones y municipios, para fijar esos adelanto.

Un delegado hizo notar que los gobiernos municipales tienen capacidad legal para aumentar los impuestos al autoempleo, por lo que debía existir una norma legal para moderar ese recurso.

Otros delegados y funcionarios del gobierno, que participaban como invitados, rechazaron la propuesta, argumentando que la política fiscal debe tener carácter nacional y su aplicación local es materia de reglamentación.

El enunciado polémico dice que el sistema tributario estará basado en los principios de la generalidad y la equidad de la carga tributaria, en correspondencia con la capacidad económica de los sujetos obligados a su cumplimiento. La discusión era si procedía añadirle el reconocimiento a la forma de aplicación territorial.

El moderador del debate, el presidente del Banco Central, Ernesto Medina, sometió a votación el asunto, ante la falta de consenso. Se impuso por mayoría la demanda de las provincias.