fe de este tecleador sacrílego, ni siquiera es por consideraciones religiosas que el gobierno de Felipe Calderón trata de eludir la imposición de castigo a un vocero clerical metido a censor partidista e ideológico, sino a meras carencias terrenas, a debilidades de la carne (burocrática), a impedimentos íntimos relacionados con la precariedad política. He allí a la tibia (y, por tanto, vomitable, según letra bíblica) secretaría de gobernación jugando al ping pong con el IFE en busca de que sea este órgano (o cualquier otro, a fin de cuentas lo que se busca es, otra vez, lavarse las manos) el que acabe sancionando o definiendo la manera de sancionar al representante verbal del clero desbocado, de la elite católica cada vez más metiche en asuntos de política militante.

El sacerdote Hugo Valdemar se convierte así en misterio gozoso del rosario de predicamentos en que el calderonismo se ha metido con tal de no ofender al poder vaticano ni con el pétalo de una sanción ya definida y ordenada por el instituto electoral federal. Es Valdemar pero también es el retador cardenal de Guadalajara (que al mismo tiempo ejerce tutela ejecutiva en el gobierno acólito de Jalisco), Juan Sandoval, que difamó a gobernantes e instituciones por la aprobación del aborto en la capital del país en las primeras fases del embarazo y que sigue tan campante, siempre bien dispuesto a intervenir en asuntos políticos y partidistas con absoluto desparpajo, condenando al infierno a lo que le suena a izquierda y protegiendo e impulsando a los cachorros de su imperio medieval (recuérdese que, contra toda lógica y entendimiento, Emilio González Márquez derrocha dinero público y tiempo oficial en el presunto lanzamiento de su candidatura presidencial, aun cuando la simple reproducción de algunos de sus episodios más húmedos y oscuros le debería situar más en un sótano que aspirando a alturas políticas).

Pero la administración federal abdicante no tiene fuerzas para tantos pleitos al mismo tiempo y prefiere buscar salidas falsas, pretextos morosos, chicanas infumables con tal de no molestar a valdemares, sandovales y demás sotaneros (es decir, vestidos de sotana, no que se muevan en bajos niveles). Y, ante ello, el alto clero se siente fortalecido e incluso impelido a continuar con sus tareas de adoctrinamiento electoral, dando la suave a la derecha panista que en su seno tolera el extremismo del Yunque, apostando por fuera a la opción del retorno priísta (con el coleccionista mediante arrebatos en momentos de agonía ajena, Onésimo dizque enfermo del corazón y no solamente en términos físicos, que es el comisionado episcopal en los altares de Peña Nieto) y anunciando infiernos a quienes osen votar por la izquierda electoralmente excomulgada por el cártel clerical.

No es menor ni secundario, en ese cuadro de complicidades entre poderes en entredicho, que el licenciado Calderón desee mantener la mejor apariencia frente al tinglado vaticano con motivo de su viaje a Roma para presenciar la súbita e injustificada beatificación del difunto Juan Pablo Segundo, a quien entre otras cosas ha de recordarse como obcecado encubridor de grandes pederastas en todo el mundo, particularmente de Marcial Maciel, el embaucador mexicano de elites al que siempre protegió a pesar de las múltiples acusaciones de abuso sexual de que iba tomando conocimiento. Felipe cree que adjuntándose a los festejos del fallecido papa polaco habrá de hacerse de ánimos solidarios entre la feligresía mexicana, y en esa apuesta lo mismo se exime de cumplir con obligaciones sancionadoras hacia curas locuaces que se devana el seso para ver cómo puede hacer como que le interesan las celebraciones locales del Día del Trabajo y al mismo tiempo se apersona en el reino de Ratzinger.

A propósito de las conmemoraciones obreras, el recuerdo de los mineros mexicanos sepultados en Pasta de Conchos, y nunca rescatados, será propuesto para que se les denomine Mártires del Trabajo el próximo 28, cuando será el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aun cuando las administraciones foxista y calderonista, a través de sus funcionarios Francisco Xavier Salazar y Javier Lozano Alarcón, han tratado de diluir el tema, buscando que se le considere caso cerrado, lo cierto es que a nivel internacional se mantiene atención respecto a lo que finalmente se haga tanto con los cuerpos o lo que de ellos quede, como con las familias a las que se han regateado apoyos y prestaciones.

Al abanico de países agraviados por la criminal irresponsabilidad institucional de México se ha sumado Suiza, uno de cuyos nacionales, Oliver Tschumi, fue secuestrado en Morelos y, luego de una negociación inmediata en la que la policía estatal habría actuado cuando menos con ínfimo profesionalismo, como si lo único interesante fuera sacar dinero con rapidez a los familiares angustiados, habría sido abandonado a su suerte el caso y los miembros de la familia del plagiado, que han denunciado ante la opinión pública lo sucedido y están solicitando al gobierno de su país, en especial a la presidenta, que presione al mexicano para que cuando menos se cumplan las obligaciones jurídicas de informar sobre el avance de las investigaciones, si es que estas se realizaron, y de retomarlas y ahondarlas, si fuera el caso, y aun cuando el tiempo pasado desde la desaparición forzada del suizo hace suponer desenlaces funestos. El abogado de la familia Tschumi ha dicho que desde 2009 hay otro par de suizos secuestrados, de los que tampoco se sabe nada.

Y, mientras el gobernador de Nayarit, Ney González, trata de tapar el sol de la violencia y la impunidad con un dedo de última hora que designa nuevo secretario estatal de seguridad pública, cuando se acercan los tiempos electorales en que muchas de las pifias, abusos y frivolidad podrían ser materia de cobro, ¡hasta mañana, en esta columna cuaresmal!

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