Nueva York, 18 de abril. El gobierno estadunidense procederá judicialmente esta semana, en casos separados, para deportar a dos individuos que no podrían ser más diferentes: uno es acusado de torturar en El Salvador, el otro es un exiliado chileno que fue torturado por el régimen de Augusto Pinochet.

El general retirado Eugenio Vides Casanova, quien fue ministro de Defensa de El Salvador durante seis años en los 80, enfrenta un proceso de deportación por actos de tortura durante su gestión como encargado del combate contra las fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El caso llama la atención porque el general fue condecorado con la Legión de Mérito –alto honor militar estadunidense– por el presidente Ronald Reagan, y fue considerado un fuerte aliado de Washington en la lucha contra el marxismo en Centroamérica. Ahora, Washington procede en su contra con el objetivo de deportarlo, después de que le otorgó la residencia legal permanente y le permitió vivir libre en Florida desde 1989, cuando se retiró con honores.

El juicio para lograr su deportación se inició hoy, en un paso elogiado por agrupaciones de derechos humanos aquí, ya que es la primera vez que el Departamento de Seguridad Interna ha presentado cargos de inmigración contra una figura de este perfil. El caso incluye ecos de la gran disputa en este país en torno a la política intervencionista de Reagan en Centroamérica, y de hecho entre los testigos se presentarán dos ex embajadores estadunidenses en El Salvador. Por el lado del general, el ex embajador Edwin G. Corr. Por parte del gobierno en su caso contra Vides Casanova se presentará el ex embajador Robert White, prominente crítico de la política estadunidense en ese país y en la región, reporta el New York Times.

El caso tiene origen, recuenta el Times, en la investigación de un abogado estadunidense, Scott Greathead, quien representaba a los familiares de cuatro misioneras católicas estadunidenses asesinadas por elementos de la Guardia Nacional salvadoreña en 1980, cuando el general Vides Casanova era el comandante de esa entidad. En el año 2000, un tribunal de Florida absolvió a Vides Casanova y al general José Guillermo García, otro ex secretario de Defensa salvadoreño, de cargos civiles contra ambos por los asesinatos de las misioneras.

Pero el Centro por Justicia y Rendimiento de Cuentas en San Francisco, a la vez, presentó por separado una demanda judicial contra ambos generales por tortura, y en 2002 un jurado falló que los generales sí tenían responsabilidad y odenó que pagaran 54.6 millones de dólares a tres víctimas de tortura. Un tribunal de apelaciones apoyó el fallo en 2006.

Desde entonces, senadores como el demócrata Richard Durbin y el republicano Tom Coburn han promovido la deportación de ambos generales, y lograron que el Departamento de Seguridad Interna iniciara el proceso el año pasado. El juicio migratorio de Vides Casanova se inició esta semana. Su colega García enfrentará un proceso parecido, pero por separado.

Vides Casanova fue jefe de la Guardia Nacional de El Salvador entre 1979 y 1983, y después ministro de Defensa entre 1983 y 1989; durante su gestión sucedió la matanza del El Mozote, entre otras. García fue su antecesor en el cargo.

En tanto, en un caso de un perfil mucho menor, las autoridades estadunidenses proceden con la deportación de Víctor Toro, ex activista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien después del golpe de Estado en 1973 fue detenido y torturado por el gobierno de Augusto Pinochet. Desde que llegó a Estados Unidos para radicar en el South Bronx en Nueva York –una de las zonas más marginadas de esta metrópolis–, Toro se ha dedicado a defender los derechos de los inmigrantes, creando proyectos de apoyo para la comunidad pobre en que vive, incluidos centros culturales como el bien conocido La Peña, y ha denunciado las políticas intervencionistas de Estados Unidos.

Después de vivir en la clandestinidad inmediatamente después del golpe de Estado en Chile, Toro fue detenido y torturado. Fue liberado en 1977, pero con advertencia de que sería declarado muerto si se quedaba. Huyó primero a Cuba y Nicaragua, y finalmente se le otorgó asilo, junto con su esposa e hija, en México. De ahí decidieron cruzar a Estados Unidos por Texas sin documentos. Desde entonces construyó su vida e incesante acción social en el Bronx.

Pero en 2007, cuando viajaba en tren por varias ciudades para asistir a reuniones sobre defensa de inmigrantes, tuvo la mala suerte de encontrarse con agentes del servicio de migración, quienes le pidieron sus papeles. Al no mostrarlos fue arrestado. Desde entonces lucha contra el proceso para deportarlo, a pesar de un amplio coro de apoyo entre su comunidad y otros promotores de derechos de los inmigrantes y activistas sociales.

Aunque ganó una suspensión del procedimiento, se le negó el asilo; una juez determinó que, dados los cambios democráticos en Chile, él ya no corre peligro si regresa a su país. Toro ha declarado que continuará apelando de esta decisión, pero sus opciones cada día son menores.

La ironía de ambos casos es que no sólo está ausente un actor en los banquillos de los acusados, sino que ese actor es ahora quien los juzga. En ambos casos, el papel de Estados Unidos fue determinante en las vidas, tanto del general anticomunista acusado de tortura como del militante izquierdista víctima de la tortura de otro general. El gobierno estadunidense no sólo apoyó, sino financió, capacitó y otorgó armas y equipo bélico a las fuerzas armadas salvadoreñas, y trató como gran aliado a Vides Casanova. Por otro lado, Washington apoyó a los golpistas en Chile, y su represión. Ninguno de los jefes políticos que tomaron esas decisiones está hoy presente en estos procesos judiciales.