e acuerdo con información extraída de cables diplomáticos distribuidos por Wikileaks, y publicada en la edición de ayer de The Washington Post, el gobierno de Estados Unidos financió en secreto a grupos opositores sirios, a partir de 2006, luego de una crisis diplomática bilateral que desembocó en la congelación de las relaciones bilaterales entre Washington y Damasco.

Los seis millones de dólares aportados por el Departamento de Estado a exiliados políticos fueron invertidos en la operación de un canal televisivo satelital basado en Londres, Barada TV, así como para financiar actividades opositoras internas. Ese respaldo financiero fue decidido por el gobierno de George W. Bush (2001-2009) y continuó al menos hasta septiembre del año pasado, ya durante la administración de Barack Obama. Ese canal televisivo se ha prodigado en la cobertura del movimiento de protesta que estalló en marzo pasado en la nación árabe y que ha desembocado en disturbios cuyo saldo trágico supera 200 muertos.

La información señalada confirma, por enésima vez, el obstinado intervencionismo que el gobierno estadunidense practica virtualmente en todos los países, así como la labor de zapa que la diplomacia de Wa-shington lleva a cabo contra gobiernos a los que considera hostiles o enemigos. Ciertamente, no es necesario ir al otro lado del mundo a buscar pruebas de esa persistente injerencia, pues en las naciones latinoamericanas hay abundantes expresiones de ella. En Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, las autoridades de Estados Unidos han financiado y promovido toda suerte de subversiones y de disidencias. En el caso de nuestro país, la información proporcionada por Wikileaks refiere la intromisión regular y sistemática de la embajada estadunidense en asuntos políticos, económicos, militares y de seguridad cuya gestión, por disposición constitucional, corresponde exclusivamente a los mexicanos.

Por otra parte, el dato del financiamiento estadunidense a una facción opositora siria y el respaldo propagandístico de ésta a las manifestaciones de las últimas semanas enturbia la autenticidad de las protestas y obliga a cuestionar su legitimidad. Por extensión, la información referida lleva a preguntarse en qué medida la ola de insurrecciones civiles que ha tenido lugar en el Magreb y en países de la Península Arábiga, desde Túnez hasta Bahrein y Yemen, pasando por la trágica guerra a la que ha resbalado Libia, han sido meras consecuencias del descontento generado por regímenes vetustos, autoritarios y cerrados, y hasta qué punto han sido inducidas, tripuladas o cuando menos aprovechadas por quienes dirigen la política exterior de la máxima potencia mundial.