El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Reyes Tamez Guerra, adelantó que se impulsarán dos reformas constitucionales en esta materia, para lo cual se buscará obtener los consensos mediante los cuales se modifique el artículo tercero constitucional, con el objetivo de elevar a la categoría de derecho el acceso a las actividades científicas y tecnológicas.

El ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que lo anterior forma parte de un paquete de ocho temas de reformas para coadyuvar a que este ramo se coloque entre las prioridades de la agenda nacional.

En entrevista, indicó que otro de los cambios que se impulsarán consiste en restablecer los estímulos fiscales indirectos para aquellas empresas que inviertan en estas actividades.

El objetivo, destacó, es que la inversión en el desarrollo científico y tecnológico rebase 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Dijo que los legisladores de la comisión que preside trabajan intensamente con el Senado de la República para que en septiembre se puedan concretar las modificaciones.

De ser aprobadas, el presupuesto 2012 contemplaría los nuevos esquemas. Por ejemplo, dijo Tamez, si los apoyos para estímulos fiscales ascienden a 4 mil 500 millones de pesos, esto se multiplicaría por tres –ya que la iniciativa privada también debe aportar– y la suma se situaría entre 12 mil y 15 mil millones de pesos adicionales.

El planteamiento que se impulsará consiste en otorgar un apoyo de 33 por ciento a aquellas empresas que realicen ciencia y tecnología, en coordinación con las instituciones de educación superior. Y a las empresas que no se vinculen con las universidades para tal objetivo, el apoyo será menor, esto es, de 25 por ciento.

El legislador del Partido Nueva Alianza señaló que, para evitar que los apoyos se desvíen a proyectos sin relación con el desarrollo científico y tecnológico, se definirán reglas de operación, mediante las que se vigilará que las iniciativas sean realmente en beneficio del rubro.

Deben eliminarse todos los huecos posibles, ya que una de las razones por las que se eliminaron los estímulos fiscales fue el cuestionamiento de que los proyectos apoyados con el dinero público en realidad no se canalizaban a las tareas propias del ramo, admitió.

Explicó que dos de las reformas requieren cambios a escala constitucional para introducir en el artículo tercero que la ciencia y la tecnología, al igual que la educación, son derechos de los mexicanos. Y la otra reforma consiste en que todo mundo tenga acceso a los avances en esta materia.

En el reciente congreso Adiat 2011, celebrado en Mérida, Yucatán, el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Villa Rivera, enfatizó que se debe vincular la academia con el sector productivo: Necesitamos cambiar el paradigma de que la ciencia y la innovación sólo se producen en la universidad y los centros de investigación, para empezarlas a desarrollar desde las empresas, ya que los resultados son visibles mediante la experiencia de países como Japón o Corea, cuya inversión en ciencia proviene del sector privado en 80 por ciento.

Subrayó que muy pocos han entendido que invertir en ciencia y tecnología es rentable, pero además, dijo, no sólo se trata de dinero, sino de definir el rumbo del país.

La nueva gestión del Conacyt anunció que uno de sus objetivos es revivir el programa de estímulos fiscales para promover en el sector productivo la inversión en desarrollo tecnológico e innovación, pues el presupuesto para los programas de innovación de dicho consejo apenas le permiten apoyar una tercera parte de los proyectos presentados por las empresas.

En los países desarrollados, el gobierno y el sector productivo invierten, cada uno, 50 por ciento del gasto total en el sector.