En medio de una permanente incertidumbre presupuestaria y bajos compromisos de inversión pública y privada, las instituciones de educación superior han visto limitados sus esfuerzos para contribuir a la solución de los problemas que enfrenta el país, pues el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la cultura no han sido ni son hoy una prioridad nacional, afirma la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En su propuesta para impulsar la aprobación de presupuestos plurianuales, mediante la obligación jurídica del Estado y sus tres órdenes de gobierno, de destinar al menos 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) para las actividades sustantivas de las universidades públicas, señala que el escaso interés por consolidar el desarrollo del sector se confirma por la poca relevancia política y presupuestaria que tienen tales actividades en las políticas públicas y en los presupuestos gubernamentales.

Dicha desatención evidencia una visión restringida y equívoca del papel estratégico que estas actividades pueden desempeñar para orientar al país, entre ellas fortalecer la cohesión social e impulsar el crecimiento económico, así como abatir el rezago educativo en que se encuentran 33 millones de mexicanos mayores de 15 años, y atender a los 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.

Subraya que tan sólo en la década reciente los presupuestos federales y estatales destinados a las instituciones públicas de educación superior no han superado uno por ciento del PIB y representan una proporción marginal en los presupuestos de los tres órdenes de gobierno.

Si bien reconoce la intervención de la Cámara de Diputados para reasignar recursos al sector, lo que impidió un mayor deterioro del financiamiento público, afirma que su actuación ha sido reactiva e insuficiente, pues no se ha resuelto el tema de fondo: la inexistencia de una política de Estado para el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la cultura, cuya construcción es impostergable.

Rafael López Castañares, secretario general de la ANUIES, reconoció que el documento Propuesta de reformas jurídicas para una política de financiamiento de las instituciones públicas de educación superior con visión de Estado fue entregado a los legisladores en 2010, pero con lo que no contábamos era con eventualidades como el nuevo proyecto del presidente Felipe Calderón que decretó que las colegiaturas fueran deducibles de impuestos, lo que podría impactar fuertemente.

Agregó que se necesitará otra evaluación y estudios para ver el impacto en los recursos que se deberán destinar al sector, aunque insistió en que la propuesta deberá ser analizada por los legisladores en el periodo ordinario de sesiones de septiembre.

En el documento, de 126 cuartillas, que será impulsado para su discusión, por el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el legislador priísta José Trinidad Padilla, señala que la magnitud del rezago educativo y el bajo nivel de escolaridad de la mayoría de la población mexicana –pues sólo 16.5 por ciento de la población mayor de 18 años tiene estudios superiores– influye de forma negativa no sólo en el desarrollo del país, sino en la fortaleza de la vida política y en la solidez de nuestro sistema democrático.