o se sabe si de la manga se sacó la cifra por él publicitada para impresionar a su auditorio, si lo dijo como parte de sus ya clásicos resbalones, o si de plano tácitamente reconoció oscuros manejos presupuestales del gobierno calderonista (lo que violaría la ley respectiva), pero el hecho es que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, fue a decir a Washington que en México el gasto en seguridad consume cada año recursos públicos por 200 mil millones de pesos, monto totalmente apartado del registro estadístico oficial y muy lejano de lo autorizado por el Congreso. De ser correcta la versión el funcionario, en cinco años (2011 incluido) el gobierno federal habría erogado un billón de pesos para atender el concepto referido, sin que los resultados lo justifiquen.

Eso fue lo que dijo el Cordero del señor en una conferencia de prensa celebrada en la capital estadunidense el pasado sábado, en el marco de la reunión de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, puntualmente reportada por el enviado de La Jornada, Roberto González Amador, quien en su nota detalla que la cifra aportada por el secretario de Hacienda comprende las diferentes instancias de procuración e impartición de justicia.

Ernesto Cordero tiene que detallar de qué se trata, de dónde salió ese mar de recursos públicos para la seguridad, porque el presupuesto aprobado por el Congreso da cuenta de que para el periodo 2007-2011 se autorizaron alrededor de 485 mil millones de pesos para dicho concepto (Sedena, Semar, SSPF, PGR), monto 106 por ciento superior al establecido en la ley respectiva. Si en sus cuentas el secretario de Hacienda incluyó las diferentes instancias de procuración e impartición de justicia, entonces habría que adicionar 175 mil millones al Poder Judicial (incluido el Tribunal Electoral, que nada tiene que ver con la seguridad pública, aunque sí con otro tipo de seguridad) y alrededor de 35 mil millones por aportaciones federales a los estados para orden, seguridad y justicia.

Así, sumados todos los conceptos referidos por Cordero, el monto acumulado en el periodo 2007-2011 ascendería a 695 mil millones de pesos (básicamente son recursos públicos, impuestos de la sociedad; la ayuda internacional que se recibe es más bien asistencia técnica y tecnológica, según explicó). ¿De dónde salieron, o se desviaron, los 305 mil millones restantes? (siempre con base en el billón reconocido por el Secretario de Hacienda). La diferencia no es cualquier cosa, pues, por ejemplo, equivale a prácticamente todo el presupuesto acumulado en igual periodo por la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, con la presunción, el resbalón o el tácito reconocimiento de Cordero en Washington, ¿el gobierno calderonista asume que hay partidas secretas para seguridad, o desviación de recursos presupuestales para tal fin?

Mientras Ernesto Cordero hace sumas y encuentra pretextos, la Cámara de Diputados nos ilustra sobre el presupuesto federal para seguridad pública. Tiene dos componentes: el primero es el que ejerce el gobierno federal por medio de cuatro ramos administrativos: Procuraduría General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad Pública. El segundo corresponde a los recursos que el gobierno federal asigna de manera etiquetada a las entidades federativas, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), perteneciente al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para apoyar las tareas que dichos niveles de gobierno realizan en materia de seguridad pública.

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Imagen de archivoFoto María Luisa Severiano

El monto de los recursos asignados al Programa de Seguridad Pública se incrementó sustancialmente en los últimos años, al pasar de 13 mil 283. 4 millones de pesos en 2001 a 43 mil 906.4 millones en 2010, por lo que en términos reales prácticamente se duplicó. Dentro de este presupuesto creciente, el ramo que más recursos ha concentrado es el de la SSP, cuyo monto asignado pasó de 5 mil 115.4 millones en 2001, a 32 mil 437.8 millones en 2010, de tal forma que su participación relativa en el presupuesto total del Programa de Seguridad Pública pasó de 38.5 por ciento a 73.9 por ciento en el periodo de referencia. El segundo rubro que mayores recursos concentra es el FASP. Sin embargo, si bien su presupuesto ha crecido en términos nominales, si se descuenta el efecto de la inflación resulta que la tasa real de crecimiento media anual de dichos recursos en los últimos nueve años ha sido negativa en 4 puntos porcentuales, por lo que su participación relativa disminuyó de 43.6 por ciento en 2001 a 15.8 por ciento de 2010.

Por lo que se refiere a los demás ramos (SM, Sedena y PGR), sus presupuestos también han registrado crecimientos nominales, pero sólo en el caso de la Sedena dicho crecimiento ha estado por arriba de la inflación, observando una tasa de crecimiento promedio anual real de 8.2 por ciento. En conjunto, la participación relativa de estos tres ramos en el presupuesto total del Programa de Seguridad Pública ha disminuido casi de manera sistemática, al pasar de 10.4 por ciento en 2001 a 19.1 por ciento en 2010.

Las rebanadas del pastel

Nadie tiene dudas sobre los cariños de Los Pinos, pero por si las hubiera la consultora Mediatelecom, especializada en el tema, comenta que la supermulta a Telcel (casi 12 mil millones de pesos) es confesión pública de una directriz gubernamental para afectar a determinados operadores. Considera que Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (el organismo que aplicó la sanción) es designado directamente por el presidente de la República. Su voto de calidad es personal, pero sobre todo en representación de Ejecutivo. El gobierno debiera ser árbitro, garante, mediador, promotor de políticas de Estado, pero jamás generador de conflictos, como actualmente está ocurriendo. Este personaje ha venido sosteniendo un discurso sofístico, populista y mediático, que apela siempre a la ley y a la competencia, pero que la realidad fácilmente lo desmiente; habla mucho, pero actúa poco, y cuando toma una decisión (que es en representación del Ejecutivo), lo ha hecho a favor de ciertos operadores, particularmente de Televisa. Pérez Motta no cuenta con el consenso del pleno de la CFC porque se ha desviado de la sana distancia de los actores involucrados. Además, como ya es una tradición en México cuando se trata de cometer albazos y ocultar las malas acciones de la autoridad, la resolución de la CFC ocurre previa a la Semana Santa y el organismo no ha dado a conocer la resolución, a pesar de ya haberla notificado a Telcel. ¡Zas!

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