uienes se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, sostienen que es ilegal porque las autoridades del municipio en el que se enclavaría la obra hidráulica más importante del sexenio no han autorizado el cambio de uso del suelo, no cuentan con el estudio de impacto ambiental que muestre los efectos que causaría en el medio ambiente y los recursos naturales de la región y, además, porque las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, directamente afectadas por las obras, no han sido consultadas para conocer su opinión.

Con El Zapotillo se espera aprovechar la corriente del río Verde con la finalidad de dotar de agua a varios municipios de los Altos de Jalisco y las ciudades de León y Guadalajara, con problemas de abastecimiento, ya que se pierde 40 por ciento del líquido que se inyecta a la red de distribución, existe una injusta distribución del mismo entre la población y desperdicio en hogares, industria y servicios. Además, la mayor parte del agua que llega a esas ciudades y a la industria no es tratada para ser reutilizada en diversas actividades. De resolverse estos asuntos, por ahora, no sería necesario construir la presa El Zapotillo.

Mientras, los inconformes con la construcción de otra presa, La Parota, en Guerrero, sostienen reuniones con las nuevas autoridades estatales para plantear sus objeciones a dicha obra, que, entre otras cosas, dotaría de agua y electricidad a la ciudad de Acapulco.

El nuevo gobernador Ángel Aguirre Rivero ha dicho que prefiere escuchar a las agrupaciones opositoras antes de fijar su posición en torno a la citada presa que afectaría a varias comunidades agrarias de la entidad. La opinión del anterior gobierno estatal, del federal y de la Comisión Federal de Electricidad es que es indispensable para el desarrollo de la principal ciudad de Guerrero. En lo que no hay duda es que la represiónno es el camino para resolver los desacuerdos entre instancias oficiales y poblaciones en torno a la construcción de El Zapotillo y La Parota.

Si, como afirma el licenciado José Luis Luege, titular de la Comisión Nacional del Agua, la compra de terrenos ejidales que ha hecho el gobierno federal en los municipios mexiquenses de Atenco y Chimalhuacán es con la finalidad de crear un enorme parque ecológico, no debe ocultarse la información sobre dicho proyecto alegando que es un asunto de seguridad nacional.

Según habitantes consultados en dichos municipios, son bienvenidas las obras de rescate y preservación ecológica que sirvan para amortiguar el avance desmedido de la mancha de asfalto y la especulación, propiciadas por la falta de un ordenamiento urbano en el estado de México. Pero los pobladores no olvidan la intención oficial de construir en la zona el aeropuerto alterno de la capital del país ni la represión que hubo contra los opositores. Luege se quejó de las dificultades para adquirir terrenos destinados al parque ecológico, pese a que el gobierno federal ofrece buen precio por cada hectárea.

En cambio, otro funcionario, José Ángel Córdoba, secretario de Salud, no oculta una realidad: a diferencia de hace apenas una década, cuando el dengue se presentaba exclusivamente en los estados costeros durante la época de lluvias, hoy el mosco Aedes aegypti está virtualmente en todo el país y todo el año. Este cambio se atribuye al cambio climático, mismo que también alteró el patrón de comportamiento de la malaria en el mundo. Según el citado funcionario, aunque el número de enfermos por dengue es elevado, no se registran tantos fallecimientos como antes, gracias a las políticas para atender a quienes padecen dicho mal.

En tanto, las instancias oficiales responsables de reportar la calidad del agua del mar de los principales centros turísticos del país afirman que sólo tres playas: Caletilla, en Acapulco; Playa Principal en Zihuatanejo, y la Cruz de Huanacaxtle, en Nayarit, reportan niveles de enterococos fecales superiores al límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Otro logro sexenal: la purificación de las aguas marinas.