ientras la atención se centra en el debate sobre el presupuesto y endeudamiento del país, en diversas entidades de Estados Unidos se siguen aprobando leyes para perseguir, castigar y deportar a quienes trabajan donde se les necesita pero carecen de documentos para ello.

Ahora fue en el estado de Georgia donde se aprobó una ley similar a la aprobada en Arizona, en la que la policía tendrá la facultad de detener y verificar el estatus migratorio de personas que presuma pueden ser indocumentadas. Se espera que el gobernador firme la legislación y con ello cumpla su promesa de campaña, de implementar una ley como la de Arizona, en un estado en el que se estima hay cerca de 500 mil indocumentados. También es muy probable que un juez federal ordene la suspensión de la mayor parte de sus previsiones, por corresponder a autoridades federales su aplicación, tal como sucedió con la ley de Arizona.

Algunos gobernadores se quejan de la falta de control migratorio por la Federación, por lo que, con la complicidad de las legislaturas estatales, han decidido instrumentar sus leyes migratorias, en contravención con la Constitución, la cual establece que el único responsable de la política migratoria es el gobierno federal. El argumento de que el gasto en educación y salud de los indocumentados es el responsable del quebranto financiero es una falacia. Los indocumentados pagan impuestos locales en los productos que adquieren, que son una parte sustancial de los presupuestos de las entidades. También se les descuentan contribuciones en las empresas en que trabajan, una parte de las cuales se queda en el estado.

En el fondo, en algunos estados las leyes antimigrantes tienen una carga xenófoba inocultable y son parapeto para dar rienda suelta a los instintos más racistas de amplios sectores de su población.

En el supuesto caso de que en los argumentos de quienes perpetran esas leyes hubiera alguna verdad, entonces una gran paradoja se esconde en todo este asunto. Los gobernadores de las entidades donde se han decretado esas leyes, al igual que sus legisladores, son republicanos. Pero la paradoja es que los legisladores republicanos en el Congreso federal son quienes se oponen a discutir y emitir una ley migratoria que resuelva el problema. Mientras que en un acto de esquizofrenia partidista sus compañeros de partido en los estados culpan a Washington de ser responsable del desbarajuste migratorio en el país.

Cabe la sospecha de que en realidad se trata de escamotear una legislación que resuelva el problema migratorio. La explotación de quienes viven en las sombras es más fácil, menos onerosa y, por añadidura, las campañas políticas a su costa dan votos. Mientras tanto, el gobierno de donde proceden y continúan llegando la mayoría de esos indocumentados sigue diciendo que los pobres ya están mejor; ahora tienen televisión y refrigerador.

¡Qué mundo!