El hallazgo de los cuerpos de cuatro jóvenes desaparecidos en Ciudad Juárez desde el pasado 28 de marzo, luego de ser aprehendidos por la policía local, confirma que el crimen organizado utiliza a integrantes de las fuerzas de seguridad para levantar, torturar y ejecutar a civiles, por lo que es urgente la intervención de organismos internacionales, señalaron activistas de derechos humanos.

La abogada Lucha Castro, de la organización Justicia para Nuestras Hijas, afirmó que los secuestros cometidos por policías no son un fenómeno nuevo, ya que éste está muy bien documentado por organismos nacionales e internacionales, entre ellos el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas e involuntarias, que visitó México recientemente.

“Éste es un caso más en los que se ha acreditado que son agentes de la policía, o incluso del mismo Ejército, quienes cometen secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de jóvenes. Se trata de ejecuciones sumarias que demuestran la existencia de grupos paramilitares, y que se han vuelto cotidianas”, lamentó.

Para frenar estos asesinatos de jóvenes es necesario llamar la atención de grupos internacionales de observadores, como los de la Unión Europea, ya que sólo así el gobierno mexicano podría notar la gravedad de sus errores y omisiones, expresó.

“Es momento –afirmó Castro– de que las organizaciones civiles se den cuenta de que estamos viviendo en un conflicto armado que no se ha querido reconocer. Ese carácter jurídico permitiría a la población civil tener cierta protección ante la epidemia de violaciones a los derechos humanos que hay en una de las ciudades más peligrosas del mundo”, añadió.

A su vez, una activista local que pidió el anonimato por temor a represalias subrayó que una de las causas de ejecuciones como las cuatro cometidas en Juárez es que se haya colocado como responsable de seguridad pública de esa urbe a un personaje como Julián Leyzaola, con antecedentes de tortura y otros actos criminales.

Apenas lleva un mes en el cargo y ya empiezan a suceder este tipo de cosas. Se tiene que investigar a fondo, y se deben reconsiderar los perfiles de quienes ocupen estos puestos, para que cumplan con criterios de respeto a los derechos humanos. Ponerlos ahí es otra forma de impunidad, y la sociedad debe estar muy vigilante en ese sentido.

Los cuatro jóvenes levantados (Raúl Navarro Soprano, de 23 años; Félix Vizcarra Torres, de 23; Juan Carlos Chavira, de 28, y Dante Castillo de la O, de 25), presuntamente por agentes del Grupo Delta de la policía local, fueron asesinados horas después o, cuando mucho, al día siguiente de la detención.

Sus cuerpos fueron localizados el miércoles semienterrados y en avanzado estado de descomposición sobre un camino vecinal que conduce al rancho La Candelaria, a la altura del kilómetro 16 de la carretera a Casas Grandes, 18 días después de que fueron privados de su libertad por los agentes municipales.

Según versiones periodísticas, los cuatro desaparecieron después de defender a un menor de edad de agentes del Grupo Delta, quienes lo maltrataban en un parque de la colonia Praderas de los Oasis, el día 26 del mes pasado.

En represalia, de acuerdo con las versiones, los elementos policiacos los detuvieron cuadras más adelante, según se ventiló el 3 de abril en la Ciudad Judicial durante una audiencia de formulación de cargos, luego de que tres policías municipales de ese grupo fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el levantón.

Los tres agentes fueron identificados como Eugenio de los Santos Decuesta, Francisco Javier Campo y Domínguez y Leonardo Iván Loya Hernández, quienes hasta ayer estaban acusados de desaparición forzada de personas, robo de vehículo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, a lo que hoy se les puede sumar el delito de homicidio doloso.