El Colegio de Ingenieros Geólogos de México sostuvo que las instancias de protección civil en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo en los municipios, carecen no sólo de presupuesto suficiente para operar adecuadamente, sino de actualización y personal idóneo, por lo cual advirtió que de ocurrir algún desastre, como un sismo de alta magnitud, las pérdidas materiales y en vidas humanas serán enormes.

En conferencia de prensa, el ingeniero Mario Herrera Moro, presidente del colegio, señaló que desde principios del actual sexenio, la organización profesional que dirige se acercó a la Secretaría de Gobernación para hacerle ver las deficiencias descritas; sin embargo, indicó, no hubo eco. Por ello, subrayó, debe cambiarse la visión y priorizar la prevención, además, llamó a revisar todo el sistema de protección civil del país.

Resaltó que debe haber actualización ante la ocurrencia de eventos catastróficos y llamó a desterrar la postura de achacar todo a la naturaleza e insistir que todo es desastre natural. Hay que reconocer que muchas consecuencias se deben al incumplimiento de las medidas de protección civil o la carencia de ellas; no hay que echar la culpa a la naturaleza de las omisiones gubernamentales.

Detalló que en los municipios el personal de protección civil ocupa esos cargos, más que por aptitud y conocimiento en la materia, como retribución política, y añadió que a esto se suma la escasa o nula actualización, por lo cual aseguró que México no está preparado para enfrentar un sismo similar al de Japón.

Herrera Moro precisó que también existe deficiencia de recursos en las áreas de protección civil en municipios, donde la prevención es vista como un gasto, porque no miden los ahorros que podrían tener si le dan prioridad.

Además, las personas que ocupan cargos en las áreas de protección civil no cubren el perfil, porque se trata de nombramientos políticos hechos en el contexto de las campañas para presidencias municipales y de gobierno estatales.

El experto precisó que en estos niveles faltan tanto recursos humanos como económicos, al grado que ni siquiera se cuenta con los vehículos ni los equipos necesarios de seguridad para su personal, lo cual les impide reaccionar ante emergencias, así como realizar tareas de verificación en todas las instalaciones de riesgo, como son plantas de gas o ductos de combustible”.

Detalló que el colegio que dirige envió comunicados a la coordinación de protección civil de la Secretaría de Gobernación, pero no nos quisieron atender, nos derivaron al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde hubo pláticas con sus directivos; sin embargo, el centro se concentra en la identificación de zonas de riesgo y da recomendaciones que hay que llevar a la práctica, pero si no se hacen del conocimiento de la ciudadanía, de las empresas, de los desarrolladores privados, y no se observa que se cumplan, son estériles.

Sostuvo, por último, que no hay un seguimiento estricto a los casos luego de que ocurre algún siniestro, como en el caso de las inundaciones, pues a los pocos meses ya se están construyendo casas sobre las zonas afectadas o en las laderas que sufrieron un deslizamiento.