Las 32 entidades del país incurren cada año en irregularidades respecto del uso y aplicación de recursos federales para edificar infraestructura y aplicar programas sociales, motivo por el cual de 2006 a 2010 se reintegraron al gobierno federal poco más de mil 599 millones de pesos.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), proporcionada a La Jornada, las irregularidades más relevantes y frecuentes en que incurren son: pagos improcedentes; conceptos de obra pagados no ejecutados; pagos en exceso; recursos destinados a fines distintos a los autorizados; desapego a la estructura financiera aprobada; deficiencias en la ejecución y conclusión de trabajos; adjudicaciones directas indebidas; recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe); recursos traspasados a otros programas, y falta de evidencia de actos y contratos derivados de la Ley de Obra Pública, entre otros.

En respuesta a una solicitud de información presentada por este diario, conforme a la Ley Federal de Transparencia, la dependenia detalló que en el periodo en cuestión, los estados que más recursos retornaron a la Federación por los motivos descritos son Oaxaca (206.25 millones de pesos), estado de México (195.36 millones), Querétaro (132.71 millones), Michoacán (131.53 millones), Guanajuato (98.84 millones) y Jalisco (84.48 millones).

Entre las entidades que menos recursos federales reintegraron a la Tesofe se encuentran Zacatecas (9.93 millones de pesos), Morelos (7.81 millones), Hidalgo (4.73 millones) y Guerrero (2.86 millones).

Según la SFP, en la gestión de Felipe Calderón el uso indebido de recursos federales, conocidos como participaciones, culminó en tres denuncias, una ya concluida contra cuatro funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado de Sonora, y dos más en las que estarían involucrados 22 funcionarios públicos, sobre las cuales se negó a dar información, porque que ambos casos se encuentran en proceso penal.

Respecto de los funcionarios de Conagua-Sonora, indica que las irregularidades se atribuyeron en 2000, pero la presentación de la denuncia se hizo en 2006. En  este caso,  se entregó un subsidio a esa entidad por 110 millones de pesos para 46 obras del programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En lugar de usar los recursos para ese propósito, el estado lo depositó en cuentas productivas y usó los recursos en gasto corriente.

Se encontraban implicados Miguel Ángel Jurado Márquez, gerente regional noroeste de la Conagua-Sonora, y René Montaño Terán, secretario de Finanzas del estado, a quienes se decretó auto de libertad tras declarar prescrita la acción penal ejercitada en su contra.

También se confirmó la negativa de orden de aprehensión en contra del propio Montaño Terán, por el delito de peculado, y de Alfonso Molina Ruibal y Manuel Octavio Ibarra, por probable comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público.