Como innegable factor de poder, cuando los medios de comunicación están concentrados en pocas manos son enemigos de la libertad de expresión, asegura Juan Cabandié, diputado argentino, defensor de los derechos humanos aun antes de recuperar, en 2004, su identidad como hijo de una pareja de desaparecidos políticos durante la dictadura militar de su país.

Y desde esa convicción expresa su alarma por la actitud prevaleciente en México ante los crímenes derivados del narcotráfico: No se puede construir un país sobre la base del olvido o la impunidad, porque eso impide cualquier posibilidad de avance, de crecimiento. No hay que acostumbrarse a eso y sí, por el contrario, rebelarse ante quienes pretenden dejarlo como tema del pasado. Una sociedad democrática no puede negar el derecho a los familiares que reclaman justicia por una persona desaparecida o asesinada, manifiesta en entrevista con La Jornada.

Cabandié es legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Nació en marzo de 1978 en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) –originalmente lugar de formación de suboficiales y a partir del golpe militar de 1976 centro de tortura– y fue entregado a la familia de un militar, con la cual vivió hasta descubrir su verdadero origen.

Desde la experiencia de su país, ubica a la lucha popular como la vía para encontrar a los desaparecidos. El ejemplo más claro, dice, son las abuelas y madres de la Plaza de Mayo.

“Ellas eran muy pocas cuando empezaron. Indefensas, sin conocimiento de qué era el Estado ni de cómo comunicar sus demandas y pensamiento y sin experiencia de participación política (...) se juntaron, lucharon, exigieron, llamaron a la prensa del exterior y se organizaron de tal manera que hoy, 35 años después del golpe de Estado, hicimos la marcha más grande y numerosa desde la dictadura. Fuimos casi 150 mil argentinos a decir ‘nunca más’. Argentina no puede construirse sobre la base del olvido y la impunidad.”

Juan Cabandié estará hoy en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hablará allí del papel de la mayoría de los medios de comunicación durante el tiempo del terrorismo de Estado en Argentina, de la experiencia de otras naciones del continente en el mismo sentido, y de la línea de continuidad que han mantenido esos poderes mediáticos para hacer hoy funciones propagandísticas del poder económico.

El diputado argentino Juan Cabandié, ayer en la embajada de su país en MéxicoFoto María Luisa Severiano

Todo ello, a propósito de las reformas incorporadas en 2009 en su país para democratizar los medios de comunicación, donde poderoso grupo Clarín, indica el diputado, hace a un lado su papel periodístico para ser una extensión de los intereses económicos, como antes se plegó a los militares golpistas.

Honduras y Venezuela –añade– tienen ejemplos similares de ese comportamiento. Clarín, por ejemplo, controla 40 por ciento de los medios de comunicación argentinos, y ha llegado a tener gobernadores, presidentes influyen en la justicia, tienen jueces que responden a sus intereses.

Ante el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el papel de esos medios de comunicación fue omiso, pasivo. No criticaron la acción de las fuerzas armadas y sus portadas y notas tenían adjetivos deliberadamente elegidos para referirse a los jóvenes con participación política como terroristas, marxistas y así justificar el asesinato de civiles.

La concentración mediática tiene que ver con la concentración económica también. Aquélla, es enemiga de la libertad de expresión y esconde una censura. Desde ahí, sin embargo, las democracias deben bregar para dar a todos la oportunidad de hacerse escuchar y fomentar la diversidad de vehículos informativos.

Esa debatida ley está hoy en etapa de aplicación. Aún enfrenta mucha resistencia de esos grupos, sobre todo porque una de sus intenciones es desmonopolizar y repartir licencias de operación entre quienes antes no tenían la posibilidad de hacerse oír: medios comunitarios, las radios indígenas, las organizaciones no gubernamentales y el propio Estado, pues un gobierno no puede dejar de tener una buena política de comunicación, porque de lo contrario se convierte en una batalla desigual, expone.

Así, con un régimen paritario donde el sector privado, el gobierno y la sociedad civil ocurren cada uno a 33 por ciento de las frecuencias de radio y televisión, en Argentina se trabaja también para que los grupos de concentración mediática desinviertan, medida que está ahora en el plano de la justicia porque no puede manejarse a través del Poder Legislativo, con una normativa o mediante la expropiación. Ésa es la puja más difícil.