El clima de hostigamiento contra defensores de derechos humanos en el país se ha reproducido, en gran medida, porque las autoridades se niegan a discutir con las organizaciones civiles algún mecanismo de protección para quienes se dedican a este trabajo.

Así lo advirtieron promotores de garantías individuales, quienes coincidieron con los resultados del informe anual en materia de derechos humanos que dio a conocer Estados Unidos el pasado viernes, y en el cual Washington manifestó su inquietud con respecto a ese tema.

Blanca Mesina, integrante de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, consideró preocupante que México sea conocido por los graves riesgos que deben enfrentar los activistas en todo el país, y particularmente en el estado de Chihuahua.

Se había estado trabajando en un mecanismo para proteger a los defensores de derechos humanos, pero no se ha concretado. Yo sí veo una gran necesidad de que se comience a aplicar, porque en el estado de Baja California, por ejemplo, todavía hay amenazas y persecuciones que te impiden realizar tu trabajo, lamentó.

A lo anterior, se suma el hecho de que las procuradurías de justicia locales muchas veces no admiten a trámite las quejas iniciadas por los activistas, o si lo hacen, no les dan seguimiento, añadió Mesina, ella misma víctima de hostigamiento por su trabajo en la investigación de un caso de tortura contra policías en un cuartel militar de Tijuana (La Jornada, 10/05/2009).

Por su parte, Silvano Cantú, director de incidencia e investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que desde hace tres años, diversas organizaciones independientes han invitado al gobierno federal a discutir y aplicar un esquema de protección para defensores, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta alguna.

Hemos estado insistiendo en la necesidad de que se elabore un mecanismo de investigación, protección y sanción, y a pesar de que mostramos una actividad constante e intención de diálogo, no hemos tenido contestación, denunció.

A estas alturas, y a pesar de la gravedad de la problemática, es un hecho rotundo que durante este sexenio ya no hay mayores esperanzas de avanzar sobre el tema. Veo un fracaso en la política de seguridad del gobierno, y no sólo por los altos costos humanos, sino también por la falta de garantías para los activistas, añadió.