El gobierno federal tiene un faltante de mil 864 millones 349.8 mil pesos correspondiente a un fideicomiso especial que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso en marcha desde que inició el gobierno del presidente Felipe Calderón para liquidar a los burócratas que se acogieran al retiro voluntario.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) asevera que la dependencia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las operaciones del fideicomiso Fondo para la conclusión de la relación laboral, a pesar de haber adquirido un compromiso ineludible al respecto.

Tampoco vigiló adecuadamente la operación del fideicomiso ni instrumentó procedimientos de control preventivo para evitar que las 19 dependencias y entidades que se acogieron al mismo entre 2007 y 2008 restituyeran en su totalidad y en un plazo máximo de dos años que se venció en 2008 los recursos que se les otorgaron y que debieron generar en sus respectivos presupuestos por el ahorro que implicaba la reducción de su personal.

Fuera de control

Además, Hacienda no tuvo un control sobre la categoría y la totalidad de las plazas canceladas por las dependencias y entidades que aplicaron el programa de conclusión de la relación laboral con cargo al patrimonio del fideicomiso, para el cual se destinaron en total 4 mil 65 millones 737.7 mil pesos.

La ASF señala también que Banobras, designado como fiduciario, careció de información suficiente sobre los servidores públicos que se beneficiaron con los recursos del fideicomiso porque únicamente se limitó a depositar recursos a favor de las dependencias, con lo que no se puede corroborar si se cumplieron con los objetivos del fideicomiso.

Por ello, la ASF recomendó a la Cámara de Diputados que todo programa que pretenda concluir relaciones laborales cuente con las medidas pertinentes para garantizar la efectiva cancelación de plazas y se evite el uso discrecional y poco trasparente de los recursos públicos. A la SHCP le solicitó iniciar investigaciones por actos u omisiones de sus servidores públicos que no vigilaron que el pago de las compensaciones se hicieran en tiempo y forma.

La SHCP decidió constituir en Banobras un fideicomiso para tal fin, pero la administración del mismo quedó a cargo de un comité ténico integrado por servidores públicos de la dependencia, aunque los legisladores nunca fijaron un monto específico.

Se estableció que las dependencias, los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos que se acogieran a los programas de conclusión laboral para reducir su plantilla laboral, quedaban obligados a restituir el total de los fondos que recibieron para finiquitar a sus trabajarores en un plazo máximo de dos años, mismo que se cumplió en 2008.

Las restituciones provendrían de los ahorros generados en cada dependencia por la reducción de los gastos por servicios personales en sus presupuestos, pero en caso de que no cumplieran por lo menos con el pago de una tercera parte del apoyo en el primer año o con la totalidad en los dos años mencionados, entonces la SHCP estaba obligada a descontarle esos recursos de los presupuestos posteriores que se les autorizaran.

Los 4 mil 65 millones 737 mil pesos que depositó Hacienda para el fideicomiso fueron repartidos entre 19 dependencias, que van desde seis secretarías de Estado hasta organismos como el Servicio Postal Mexicano, el DIF, la Comisión Nacional del Agua, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Ecología, en montos que oscilaron entre 353 millones de pesos y más de mil millones de pesos.

De esos recursos, 45 por ciento no habían sido restituídos hasta el 31 de diciembre de 2009, según los resultados de la ASF sobre la fiscalización de la cuenta pública de ese año, pero la SHCP respondió que no existen adeudos porque se cubrieron totalmente y que el saldo formó parte de las aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad del gobierno federal.

No obstante, la ASF insiste en que que las restituciones fueron establecidas en el presupuesto de egresos de 2007 y 2009 y pretender compensarlas con otro tipo de medidas fue contrario a lo dispuesto por la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue la dependencia que más recursos recibió del citado fideicomiso: 27 por ciento del total ya que consiguió mil 114 millones 736 mil pesos, pero también es la que más restituciones de fondos ha hecho porque sólo le restaba devolver 5 por ciento.