En otro intento del gobierno federal por lograr que se apruebe en este periodo de sesiones la reforma constitucional sobre mando único policiaco, senadores de PRI, PAN y PRD fueron convocados a una reunión el próximo lunes en la Secretaría de Gobernación.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, el panista Ramón Galindo, precisó que la reunión es con el subsecretario de Gobernación, Rubén Fernández, para revisar los posibles ajustes a la iniciativa presidencial, a fin de que sea viable y pueda ser aprobada en el Senado.

Los senadores Francisco Labastida, del PRI, y el perredista Tomás Torres advirtieron que no van a aprobar esa reforma, mientras no se modifiquen de fondo varias de las propuestas, entre ellas, el enorme poder que se otorga a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Genaro García Luna.

La iniciativa presidencial, sin un control en la facultad que se da a García Luna de decidir cuándo asume el mando de las corporaciones estatales y municipales, puede tumbar a gobernadores, sobre todo en entidades donde el problema de criminalidad y violencia es mayor, recalcó Torres.

Labastida Ochoa dijo que uno de los problemas es que a las policías estatales y municipales les están encargan mucho asuntos del combate al narco y por ello desatienden los de seguridad.

Por separado, el senador Galindo recordó que presentó un proyecto de dictamen alternativo, en el cual no es obligatorio que el gobernador del estado asuma el control de las policías, sino que podrá darse a petición de algún ayuntamiento y mediante convenios.

Galindo expuso que “sólo si la Secretaría de Gobernación acepta los ajustes de fondo a la iniciativa, podría aprobarse en este periodo de sesiones que concluye el próximo día 30.

En contraste, su compañero de bancada, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, expresó confianza en que se logre el consenso y aunque sea con muchas modificaciones se apruebe esa reforma presidencial.

Reveló que han recibido infinidad de opiniones en torno al contenido de la reforma. Estas últimas, detalló, nos piden que no aprobemos una policía omnipotente, que viole los derechos humanos. Podría ya hacer un predictamen, dijo, pero se vería como una imposición y lo importante es que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo, insistió.

El perredista Tomás Torres comentó, sin embargo, que hay tres aspectos en la iniciativa que vulneran el orden constitucional: la autonomía de los municipios; la facultad discrecional dada al titular de la SSP de atraer el ejercicio de mando único en algún estado y establecer la responsabilidad directa de los gobernadores en el tema de la seguridad pública, sin la corresponsabilidad del gobierno federal.