El fracaso de la política estadunidense de combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico, asumido por la administración de Barack Obama, produjo visiones encontradas en la Cámara de Diputados acerca de la estrategia que aplica el gobierno de Felipe Calderón en la materia.

Arturo Zamora, del PRI, vislumbró en la decisión gubernamental una condena a la población civil a vivir en un clima de violencia. Esta estrategia generará más muertos, desaparecidos, drogadictos y corrupción. Calderón promueve una mala imagen de México.

Recordó la determinación del Congreso federal para proveer a Calderón de las herramientas necesarias para enfrentar al crimen organizado, y no podemos sustituir las funciones del Presidente, porque sería interferir en las actividades que le corresponden.

En contraparte, el panista José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, consideró correcta la estrategia del gobierno federal y conminó a los gobiernos estatales y municipales a participar con mejores resultados en el combate a ese flagelo.

Ramón Jiménez, del PRD, calificó de gran irresponsabilidad del gobierno mantener la estrategia para enfrentar al crimen organizado: Es fallida, existe malestar de un gran sector de la sociedad, y las declaraciones de Calderón hablan de una posición necia ante la realidad.

Para Ovando, el titular del Ejecutivo no es la única instancia responsable de enfrentar a los delincuentes. Los gobiernos estatales y municipales deben asumir corresponsabilidad en el ámbito de la seguridad pública:

Debemos exigir que la autoridad combata a los criminales, y debemos exigir a los otros niveles de gobierno que hagan su parte, porque 93 por ciento de los delitos que se cometen en el país deben ser resueltos por los estados.

Con enojo, Ramón Jiménez fustigó la naturaleza de la política anticrimen de las autoridades y señaló que se debe imponer un cambio radical en todas la políticas públicas, desde el sector educativo, económico, social, de seguridad; todas están en el abismo”.