maginemos. Si los gobernantes son mandatarios de los ciudadanos y actúan en su nombre, lógico sería que cuando éstos protestan porque con su actuar aquellos los perjudican, los gobernantes rectificaran; más cuando otros funcionarios encargados de interpretar las leyes han resuelto que han violado las leyes que están obligados a respetar. Eso es lo que se esperaría en un estado de derecho y democrático. Eso es lo que esperaban los habitantes de los municipios jaliscienses afectados por la construcción de la presa El Zapotillo, cuando la Comisión Nacional del Agua les ofreció negociar con ellos, después que paralizaran los trabajos de la construcción de la obra para defender sus derechos conculcados con esa obra.
Pero no. Como no vivimos en un estado de derecho ni democrático, los funcionarios de las instituciones estatales no se sienten con la obligación de rectificar las acciones que agravian a los ciudadanos, cuando mucho de justificarlas para convencer al resto de la sociedad de que a los inconformes los mueven oscuros intereses antinacionales. Esto es lo que puede verse en la actitud de la Comisión Nacional del Agua frente a la inconformidad de los afectados por la presa El Zapotillo. Cuando éstos aceptaron dialogar con la institución pensaron que les ofrecerían alternativas, pero con lo que se toparon fue con una campaña de desprestigio en diversos medios de información, mientras en la mesa de negociaciones les insistían que la presa no se parará. La sumisión como único argumento.
El asunto se agrava porque las razones de los afectados no las esgrimen sólo ellos, sino también diversos sectores sociales que de una u otra forma han manifestado su solidaridad con ellos. Destaca la participación de los integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (Mapder), que no son agitadores profesionales como afirma la campaña gubernamental, sino personas conocedoras de esta problemática y conscientes de los nocivos efectos que traen consigo, no sólo para los directamente afectados, sino para toda la sociedad: destrucción del medio ambiente, del patrimonio cultural y natural, de la la memoria histórica y su futuro como pueblos.
Pero no sólo son ellos. Legisladores federales de ese estado han coincidido con sus reclamos, afirmando que se trata de una obra inviable, que debe revisarse porque de acuerdo con varios estudios no tiene justificación y, por lo mismo, debe ser suspendida. Como consecuencia, han prometido que una comisión de la Cámara de Diputados federal hará en los próximos días una propuesta de lugar diferente para la construcción de la obra, mencionando entre los posibles la presa Loma Larga II, un proyecto que causaría menos impactos sociales, pero fue relegado por autoridades federales y estatales, porque afecta los negocios inmobiliarios de políticos, según se publicó en este diario el día 5 de marzo pasado. Como se ve hay alternativas, sólo falta voluntad política para encontrarlas.
La actitud de la Comisión Nacional del Agua resulta grave porque niega a los afectados el derecho que los tribunales federales y estatales ya han reconocido a los inconformes; además, el gobierno federal manda un mensaje negativo a otros afectados por obras similares, como La Parota, en el estado de Guerrero, o Paso de la Reina y Cerro de Oro, en Oaxaca. Con la posición asumida por la Comisión Nacional del Agua en El Zapotillo, el gobierno pareciera decir a todos ellos que los derechos ciudadanos no importan cuando de defender los intereses económicos de las elites se trata, cancelando toda posibilidad de arreglo institucional de los conflictos, abriendo al mismo tiempo la de la violencia. Una apuesta estatal peligrosa, sin duda alguna.
