El Secretariado Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) manifestó en Ginebra, Suiza, su preocupación por los cinco campesinos tzeltales presos en Chiapas, entre ellos un menor de edad, pobladores del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón), y denunció las lamentables condiciones en que se encuentran en los penales.

Señaló que los cuatro adultos –Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez– encerrados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 17 (CERSS 17, municipio de Playas de Catazajá), denunciaron actos de hostigamiento de parte del alcaide, quien los amenaza con enviarlos a una celda de castigo.

La OMCT subrayó: “Se teme que las amenazas y los actos de hostigamiento se deban a las acciones de solidaridad que se están realizando en favor de los detenidos, en particular la campaña ‘5 Días de Acción Mundial por los 5 de Bachajón’ realizada entre el primero y el 5 de abril”. El organismo añade que los detenidos “son forzados a realizar trabajos denigrantes por negarse a pagar la cuota al ‘autogobierno’ del centro de detención y por defender su derecho a un trato digno”.

El menor Mariano Demeza Silvano permanece en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol (municipio de Berriozábal), debido a que la procuraduría de justicia estatal fijó una fianza de 22 mil pesos (mil trescientos euros), suma que sus familiares no pueden pagar.

El Secretariado Internacional de la OMCT condenó todas las violaciones de los derechos humanos en el caso; en particular la ausencia de respeto al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y de una debida protección judicial para los ejidatarios detenidos en febrero.

Manifestó también preocupación por la seguridad y la integridad física y sicológica de estas personas, y apremió a las autoridades estatales y federales a que las garanticen. Por otra parte, apremió a dichas autoridades a poner en libertad a Demeza Silvano, retenido aún por los mismos cargos de los cuales fueron acusados otros ejidatarios, quienes ya fueron puestos en libertad. El gobierno mexicano debe cumplir con sus obligaciones en virtud de derechos fundamentales a esclas internacional y regional. En este caso, lo exhortó a obrar de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.

El organismo internacional reconoce la existencia de un conflicto entre los ejidatarios adherentes a la otra campaña y el gobierno de Chiapas en torno a la administración y el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en el ejido de San Sebastián. El 6 de febrero, el gobierno de Chiapas anunció el inicio de una mesa de diálogo, en la cual los ejidatarios adherentes a la otra campaña se han negado a participar.