Debido a la falta de verdadera voluntad política del gobierno de México para avanzar en la discusión de la agenda de los derechos humanos, más de un centenar de organizaciones civiles declinaron la invitación que las secretarías de Gobernación (SG) y Relaciones Exteriores (SRE) les hicieron para reunirse hoy.

En una carta dirigida a Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, y Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, los colectivos, entre los que se encuentran los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, así como la Red Todos los Derechos para Todos, notificaron que no asistirían a la cita, en la cual se discutirían diversos temas sobre garantías individuales.

En primer lugar –explicaron en la misiva–, un número importante de las organizaciones firmantes no fueron invitadas a la reunión, pese a que muchas de ellas participaron en las recientes audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la visita del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y en el segundo informe de México ante el Comité de protección de los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Además –señalan–, nunca recibieron respuesta oficial a los llamados para discutir el establecimiento de un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pese a que realizaron múltiples invitaciones a las autoridades.

“Conociendo de antemano su posición, consideramos que el ejercicio de ‘intercambiar opiniones’, cuando no existen diálogo auténtico y acciones concretas que den muestra de una verdadera voluntad política para avanzar en estos temas, puede resultar estéril”, señalaron las organizaciones.

Entre los elementos para sustentar dicha afirmación –explicaron– se encuentra el hecho de que el gobierno mexicano no ha impulsado de verdad la reforma constitucional en materia de derechos humanos y se ha negado a debatir la eliminación de la figura del arraigo, pese a los señalamientos de Naciones Unidas y de la CIDH en ese sentido.

Por otro lado –dicen–, las autoridades han hecho caso omiso de las críticas fundadas contra la actual estrategia de seguridad pública, al insistir en que no hay otra alternativa, y no han admitido que en el país hay un fenómeno grave de desapariciones forzadas.

Al respecto, partimos de un hecho para nosotros innegable: México padece un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos, y si ello no se reconoce, no hay posibilidades de un diálogo constructivo, afirmaron.