El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) confirmó en San Cristóbal de las Casas que Jerónimo Guzmán Méndez, Juan Aguilar Guzmán, Domingo Pérez Álvaro y Domingo García Gómez, campesinos tzeltales de San Sebastián Bachajón (Chiapas), adherentes de la otra campaña, son presos políticos, ya que según la documentación recabada, el 2 de febrero no se encontraban en el lugar de los hechos. Esto es, el día que la caseta ejidal de acceso turístico fue asaltada por un grupo oficialista, con anuencia de la policía estatal y el Ejército federal.

Los indígenas fueron detenidos al día siguiente, junto con otros 113 ejidatarios que serían liberados en pocos días. En los interrogatorios, la Procuraduría General de Justicia del Estado no proporcionó a los indígenas traductores calificados y se les hizo firmar declaraciones sin explicaciones de las acusaciones, en violación al derecho al debido proceso y las garantías judiciales.

El Frayba apunta: Los supuestos testigos contra los presos políticos participaron en el desalojo violento de la caseta el día 2. Según los testimonios, iban con armas de fuego. El grupo era encabezado por Carmen Aguilar Gómez, quien según testigos, desde hace varios meses había tenido diversas reuniones con el secretario de Gobierno Noé Castañón León.

Y cita testimonios de los inculpados que prueban que no cometieron los delitos que les imputan. Domingo Pérez Álvaro refiere que ese día fue a Ocosingo para solicitar ayuda y evitar que los ejidatarios cayeran “en la provocación con la gente de Goyito” (dirigente oficialista). Allí encontró a Carlos Solórzano Arcea, subsecretario de Gobierno, quien se comunicó con el secretario de Gobierno, y le avisó que ahí estaba con él.

Domingo García Gómez asegura que esa fecha no acudió al lugar de la agresión contra sus compañeros porque estaba en mi cafetal con mi hijo Domingo y su esposa. Fue avisado de una reunión en la caseta, pero teníamos acuerdo de terminar nuestro corte de café, por eso le dije a mi hijo que no viniera a la reunión.

Juan Aguilar Guzmán sostiene que ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido “porque me habían comisionado de ir al caracol zapatista con la junta de buen gobierno, y ya era noche cuando regresé a mi casa”. Gerónimo Guzmán Méndez expone: “Salí de mi casa en Kakate’el a las seis de la mañana con mi camioneta, donde los llevé a ocho personas a Chilón”. Al regreso “estaba tapada la carretera (por los oficialistas) y por miedo a que dañen mi carro lo llevé a Sacj’ún”, donde sigue. Fui llegando a las ocho de la noche en el crucero de Agua Azul.

A Mariano Demeza Silvano (de 17 años) le imputan los mismos delitos (atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado) de los 113 detenidos inicialmente. El Frayba consideró que existe un castigo excesivo contra un menor: tampoco tuvo traductor especializado y se le obligó a firmar una declaración donde se le imputan delitos que no cometió.

De acuerdo con la denuncia, los presos están privados arbitrariamente de su libertad. De esta manera “el gobierno del estado los presiona para que participen en la ‘Mesa de diálogo y concertación del centro ecoturistico Agua Azul’”, y cedan así la administración de la caseta. Además, no se tomaron en cuenta pruebas y testigos a favor de los detenidos, sujetos a hostigamiento y chantaje de funcionarios estatales “que condicionan su libertad al ‘diálogo’ y la entrega de territorio”.

Al exigir la libertad inmediata de los cinco presos de Bachajón, el Frayba demandó una investigación imparcial, inmediata, seria y exhaustiva para dar con los autores materiales del asesinato de Marcos García Moreno y las lesiones a Tomás Pérez Deara. También, que cese el hostigamiento a los pueblos mediante estrategias para imponer a comunidades y organizaciones condiciones y proyectos gubernamentales a cambio del control de sus recursos naturales.