Diversas organizaciones sociales presentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado mexicano para que se investigue la desaparición forzada de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, e iniciaron una campaña para la formación de un organismo especial que indague estos delitos de lesa humanidad.

En conferencia de prensa, Alicia de los Ríos Merino, hija de la mencionada activista, recordó que su madre fue detenida el 5 de enero de 1978 en el Distrito Federal, luego de un tiroteo en el que resultaron muertas tres personas.

Desde ese momento, y a pesar del testimonio de dos hombres que la vieron con vida en instalaciones de seguridad, el gobierno de México se ha negado sistemáticamente a dar información sobre De los Ríos, investigar los hechos y castigar a los responsables, lamentó.

El caso se presentó hace nueve años en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pero ante la desaparición de dicha instancia y el nulo avance que hubo en las pesquisas al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) sugirió llevar el tema a la CIDH.

No obstante la fuerza de las pruebas testimoniales y documentales sobre la desaparición de Alicia de los Ríos, no hubo voluntad política del Estado para investigar. Se tendió una cortina de impunidad para que los presuntos culpables no fueran juzgados.

Los familiares de la víctima saben que el proceso legal ante el organismo internacional es lento, pero subrayaron la necesidad de desahogarlo para que el Estado mexicano responda por la desaparición de la militante.

La Femospp, afirmó De los Ríos Merino, nunca investigó lo ocurrido como un caso de desaparición forzada, sino como de privación ilegal de la libertad, y ante el agotamiento de las instancias jurídicas nacionales, la última opción fue recurrir a la CIDH.

Por su parte, Andrés Díaz, miembro del área de defensa del Prodh, dijo que la falta de interés del gobierno para resolver este caso orilló a los familiares a presentarlo ante la justicia interamericana. Es importante seguir exigiendo soluciones, pues la impunidad prevalece y continúan las desapariciones. Mandamos a la comisión un documento sólido, bien fundamentado, donde se señala la responsabilidad del Estado mexicano, que no puede alegar irresponsabilidad, aunque el delito haya ocurrido en periodos anteriores.

Por tal motivo, la familia De los Ríos, el Centro Prodh, la Fundación Diego Lucero y el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez dieron inicio a la campaña Siguen desapareciendo (http://siguendesapareciendo.org).