La Procuraduría General de la República (PGR) instó al gobierno de Estados Unidos a realizar con la mayor celeridad la investigación sobre la operación Rápido y furioso y esclarecer los hechos, así como a detener el flujo ilegal de armas hacia nuestro país, ya que es precisamente este recurso el que facilita la violencia generada por las organizaciones criminales.

En un comunicado de prensa, la dependencia, que dirige Arturo Chávez Chávez, indicó que ante las nuevas revelaciones de que altos mandos del Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizaron la operación, “el gobierno de México ratifica su seria preocupación por las afirmaciones sobre supuestos actos ilícitos en el marco de dicho operativo”.

La institución mexicana subrayó la importancia de que dicha pesquisa se realice con la mayor celeridad posible, a fin de que se esclarezcan los hechos. Sin embargo, comentó que aunque desde que trascendió a la opinión pública la realización del operativo solicitó inmediatamente información oficial al gobierno de Estados Unidos y está atenta a los resultados de la investigación iniciada por el procurador general de ese país.

En ese sentido, recordó que las autoridades mexicanas iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer delitos que se pudieran haber cometido en territorio mexicano. En función de los resultados tendrá que sancionarse con todo el peso de la ley a quien o quienes pudiesen resultar responsables de la comisión de ilícitos.

La dependencia insistió en que el “gobierno de México no fue informado de ningún operativo que incluyera el trasiego de armas”.

Declaró: El tráfico controlado de armas no está autorizado en la legislación, por lo cual una operación que lo contemplara no hubiera sido aceptable para el gobierno de México ni lo será bajo ninguna circunstancia.

La PGR emitió el comunicado debido a que el viernes la cadena de televisión CBS News reveló que el agente Darren Gil, quien encabezaba la delegación de la Oficina Para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en México, dijo que alguien de muy alto nivel en el Departamento de Justicia tenía conocimiento del tráfico vigilado de armamento y que fue su supervisor quien le confirmó que la operación fue aprobada por funcionarios superiores al actual director general de la ATF.

¿El director (Melson) tiene conocimiento de esto?, preguntó Gil a su supervisor. Sí, él sabe (del paso deliberado de armas). No sólo el director, sino el Departamento de Justicia.

Agregó que otra de las instrucciones que recibió desde Washington fue no informar a las autoridades mexicanas sobre el caso y también que detectó las primeras anomalías a principios de 2010.