En enero pasado integrantes de la Procuraduría General de la República fueron informados que autoridades del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) habían detenido en Phoenix a unos traficantes de armas, pero los mexicanos nunca fueron informados que estaba en marcha la operación Rápido y furioso, afirmó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Alberto Lara Rivera.

Según el funcionario, quien ofreció respuesta a algunos cuestionamientos por parte de reporteros, el gobierno mexicano nunca dio el visto bueno para un operativo que incluyera bajo cualquier modalidad un tráfico de armas, aun de manera controlada.

En tanto, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional indicaron que autoridades nacionales rechazaron la propuesta de representantes del ATF que en días pasados ofrecieron trabajar de manera conjunta para localizar en México a los traficantes involucrados en Rápido y furioso, pero condicionaron esas acciones a que sus agentes realizaran acciones en territorio nacional y estuvieran armados.

Los entrevistados resaltaron que las autoridades mexicanas han mantenido su postura de negar el ingreso a territorio mexicano de agentes estadunidenses armados para que realicen investigaciones de manera directa, aludiendo a que existen los mecanismos de intercambio de información y cooperación binacional en los que se establecen las condiciones en que los elementos de las corporaciones de cada nación deberán comportarse en territorio extranjero.

En tanto, el subprocurador jurídico de la PGR afirmó que desde el primer momento en que la prensa de Estados Unidos (CBS News) dio a conocer la llamada operación Rápido y furioso, “reaccionamos y nos pusimos en contacto con nuestras contrapartes en Phoenix para preguntarles sobre esta circunstancia, y se nos negó que este operativo incluyese este tipo de trasiego de armas”.

Ante los señalamientos de que se permitió el ingreso ilegal de armas a México, explicó que la PGR habrá de realizar todas las funciones en el ámbito de sus atribuciones legales para que se haga justicia en este caso, nosotros ya hemos empezado la investigación, tanto la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, a mi cargo, como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, para que en el momento en que nosotros identifiquemos que se cometió algún delito en territorio nacional, lo persigamos y lo vamos a sancionar.

Por otra parte, tras el anuncio realizado por la agencia de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el sentido de que aumentará de 20 a 40 el número de agentes desplegados en México y estudia medidas para protegerlos, funcionarios de la PGR señalaron que hasta el momento no existe ninguna posición de las autoridades mexicanas, pues el incremento de los elementos de la ICE tendrá que hacerse con la autorización del gobierno mexicano y con apego a los acuerdos bilaterales.