El Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, la Investigación y la Cultura advirtió que el gobierno federal pretende introducir a la Policía Federal (PF) en recintos culturales y escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo cual es el inicio de la militarización de dichos espacios y el primer paso para meter a los integrantes del Ejército en escuelas y universidades.

Sin embargo, el INAH aseguró que es falso que se pretenda dejar la vigilancia o custodia de sus recintos a la PF. La participación de éstos era sólo una propuesta, pero en el área de resguardo, porque había concluido el contrato con la policía preventiva del Distrito Federal. Hoy se refrendó el convenio con esta última corporación, informó Julio Castrejón, director de medios de comunicación.

En la mañana, el frente señaló que lo anterior introduce la guerra absurda contra el narcotráfico en los espacios educativos y de difusión cultural del país, lo cual genera riesgos donde no hay.

Por otro lado, subrayó, la medida es un atentado contra la autonomía, viola la norma sobre monumentos y zonas arqueológicas, y la Ley Orgánica del INAH. Por ello exigió al jefe del Ejecutivo frenar dicha decisión y demandó al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, la cual determina la protección y resguardo del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de los mexicanos mediante personal de custodia del instituto.

En conferencia de prensa, David Acevedo, líder sindical del INAH, informó que existe un presupuesto de 100 millones de pesos anuales para salarios. Si entra la policía, añadió, el gasto se duplicará y se dejarán de destinar recursos para el rescate, la investigación, la restauración y la protección del patrimonio.

Laura López Zetina, sindicalista, puntualizó que los agentes policiacos estarían en 116 museos, 200 zonas arqueológicas, 186 monumentos históricos y en bibliotecas del Museo Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, entre otras.

En su turno, el secretario general del comité ejecutivo nacional democrático del sindicato magisterial, Sergio Espinal, manifestó que la ruta del gobierno de Felipe Calderón se dirige hacia un mayor control, intolerancia y totalitarismo, por lo cual la exigencia es un cambio de rumbo en materia política, económica, educativa y cultural.

Los sindicalistas expusieron otros conflictos, como el inicio de la huelga por trabajadores académicos y administrativos en la Universidad Autónoma Chapingo y la problemática sindical en las preparatorias del Distrito Federal.

En relación con esto último, Rogelio Espinosa Fuentes, vocero del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, acusó al gobierno capitalino de utilizar artimañas legales para no negociar el contrato colectivo de trabajo, bajo el pretexto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje les ha negado la toma de nota.

En este sentido, indicó que el ex oficial mayor de la administración de Marcelo Ebrard, Ramón Montaño Cuadra, es el presidente de junta en el DF. Ese órgano admitió su emplazamiento a huelga, pero hasta hoy no le ha dado trámite, aunque la ley marca como límite 72 horas.