La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados inició un intenso cabildeo con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para lograr que se declare inconstitucional el decreto presidencial del 2 de septiembre, con el que se adelanta a 2011 el inicio de la transición a televisión digital terrestre, conocido como apagón analógico.

Diputados del PRI informaron que algunos ministros han aceptado que el decreto invade atribuciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en materia de la definición de la política del sector.

Los legisladores señalaron que, de entrar en vigor el decreto, tendría una aplicación electorera, porque permitiría que, con un presupuesto de 500 millones que tiene guardaditos la Secretaría de Economía, se haría una distribución de entre 20 y 23 millones de antenas para captar la nueva señal digital en el mismo número de hogares.

Refirieron que si bien el proyecto lo lleva el ministro José Ramón Cossío, los legisladores confían en que la propuesta al pleno de la Corte y su votación, el próximo miércoles, sea en favor de que no se anticipe el cambio de televisión análoga a digital.

En octubre, por mayoría de votos –excepto los del PAN-, el pleno de la Cámara decidió instruir al presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), interponer la controversia constitucional, con el argumento central de que el Ejecutivo invadió la competencia de un órgano al que la ley le concede autonomía y se arrogó sus atribuciones.

Como antecedente, la Cámara señaló que la Corte ya resolvió en contra del gobierno federal por la emisión del reglamento interior de la Secretaría de Comunicacones y Transportes, que le otorgaba facultades propias de la misma Cofetel.

Con la nueva controversia, la Cámara pretende que se esclarezcan las competencias originales de un órgano autónomo.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) argumentó entonces que al solucionar la controversia 7/2009, la Corte ya resolvió que el Ejecutivo –en este caso la SCT– no tiene competencia en la regulación en la matria, sino que éstas son exclusivas de la Cofetel, de acuerdo con los artículos 9-A y 36, fracción XVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Recordó que el decreto presidencial de septiembre invoca al artículo 89, fracción I, de la citada ley, pero con ello asume una atribución que escapa a sus competencias. Y un reglamento no puede vulnerar una jurisprudencia de la Corte, las competencias del Congreso ni las de la Cofetel.