La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó y suspendió por 15 y 10 años en el cargo a cinco funcionarios de Pemex Petroquímica, tras comprobar actos de simulación y de concertación entre aquéllos y la empresa Importaciones, Productos y Servicios (Improser), lo cual derivó en la compra de mascarillas con un sobreprecio de 24 por ciento y un pago en exceso de un millón 517 mil 395 pesos.

No se sancionó económicamente a los funcionarios, pese a que ya habían sido inhabilitados por comprar a Improser 260 extinguidores con un sobreprecio de 12.5 millones de pesos.

Fuentes consultadas por La Jornada argumentaron que no se impuso la multa porque no hubo daño patrimonial a la paraestatal, según el artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En cambio, se procedió penalmente contra los funcionarios e Improser, pues ésta presentó documentación falsa avalada por aquéllos, para acreditarse como el único distribuidor autorizado en México de equipos de la marca y características requeridas por Pemex Petroquímica.

La SFP ya presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, en la cual se acusa a los servidores públicos de uso indebido de atribuciones y facultades, tanto por la compra irregular de extinguidores como por el sobreprecio con que se adquirieron las mascarillas.

Los funcionarios sancionados administrativamente son: Salvador Martínez Escobar, jefe de seguridad y contraincendio en el complejo Petroquímico Morelos; Jesús Bonilla Estrada, superintendente de seguridad industrial de ese complejo, y Víctor Flores Acosta. Los dos primeros ya habían sido destituidos por 15 años, y Flores por 10, pero a Bonilla se le adicionó una suspensión de dos meses.

En tanto, Carlos Reyes Osorio, subgerente de adquisiciones de Pemex Petroquímica, y Carlos Navarro Hernández, superintendente C de la subgerencia de adquisiciones, ya habían sido destituidos por el caso de los extintores, y se les suma inhabilitación por tres años.

Las sanciones son dobles en virtud de que la averiguación de la SFP comenzó en 2007, por las irregularidades detectadas en la compra de los extinguidores. Luego se comprobó la adjudicación directa a Improser para la compra de 177 equipos de respiración autónoma (mascarillas).

La denuncia penal incluye al representante legal de la empresa, Oscar Ibáñez Soriano, por la asignación indebida del contrato, basada en la presentación de documentos falsos y en una convocatoria a participar en un proceso de adjudicación que no se realizó por actos de simulación y parcialidad de los funcionarios, quienes pidieron a Improser un descuento adicional, y dejaron fuera a los demás proveedores.

La SFP informó que para evitar más casos como el de Improser se estableció el Sistema para el seguimiento a eventos de contratación, desarrollado por el órgano interno de control en Pemex Refinación y Pemex Petroquímica. El sistema informa de manera electrónica y en tiempo real qué empresas participan en invitaciones y licitaciones.