La Procuraduría General de la República (PGR) inició ayer una averiguación previa por el delito de robo de hidrocarburo, daño en propiedad ajena y contra el ambiente, ante la explosión del ducto de Pemex en Puebla, que dejó un saldo de 28 personas muertas, de las cuales 18 han sido identificadas.

La dependencia informó que integra el expediente AP/PGR/ PUE/PUE-III/1116/2010 contra quien o quienes resulten responsables por el delito de robo de hidrocarburo, luego de la explosión que se suscitó en el municipio de San Martín Texmelucan.

Hace cinco meses, la PGR inició una indagatoria derivada de una denuncia penal que presentaron trabajadores disidentes al sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero Deschamps.

En esa denuncia, Jorge Fuentes, coordinador de la Alianza Nacional Petrolera (que aglutina a más de 30 mil trabajadores de los 167 mil que tiene la paraestatal), expuso que en el municipio de San Martín Texmelucan y en por lo menos otras seis entidades del país operan bandas criminales que realizan robos de combustible.

Desde julio pasado, en su querella, los trabajadores disidentes advirtieron a la PGR sobre el riesgo que representa para la población civil la ordeña ilegal de ductos de Pemex, porque en la instalación de tomas clandestinas los delincuentes afectan la estructura general de los ductos.

Las causas del accidente ocurrido ayer son investigadas por peritos de la PGR.

Datos preliminares elaborados por peritos que participan en las indagatorias realizadas en el lugar de los hechos refieren que al parecer el siniestro se originó por la afectación en una toma clandestina, revelaron a este diario fuentes gubernamentales.

En tanto, unos 250 elementos de las 23 y 25 zonas militares colaboran desde ayer en la protección de la población, acordonando y resguardando la zona, y no se descarta que se dé inicio al Plan DN-III de apoyo a la población civil damnificada en casos de desastres, añadieron las fuentes consultadas.

En julio pasado, trabajadores de Pemex denunciaron ante la PGR que existe robo indiscriminado de combustible en diversos municipios de Puebla, Tamaulipas, estado de México, Michoacán, Veracruz, Hidalgo y en el Distrito Federal.

La denuncia, a la que tuvo acceso este diario, señala que en Veracruz se concentran el mayor número de tomas clandestinas.

La denuncia destaca que el combustible robado se vende en gasolinerías de todo el país.

Según consta en averiguaciones previas abiertas por las PGR, la organización criminal Los Zetas es la que más se dedica al robo de combustible de Pemex en el país.