yer, en la martirizada Ciudad Juárez, fue incendiado un jardín de niños por presuntos extorsionadores. Por fortuna, el inmueble estaba vacío al momento del atentado, pero la violencia del mensaje no deja lugar a dudas sobre la determinación del grupo agresor. Por desgracia, tal agresión no es única ni excepcional. En el contexto de la guerra contra el crimen organizado declarada por el gobierno federal, se ha multiplicado y extendido en el país el cobro de cuotas por parte de organizaciones delictivas. Tal práctica afecta por igual a vendedores ambulantes que a pequeñas o medianas empresas, a profesionistas que a residentes, a agricultores que a industriales. Ayer, el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, reconoció que en la ciudad de México se registran casos de extorsión de empresarios por individuos que se hacen pasar por integrantes de Los Zetas.

Aunque resulta difícil cuantificar el fenómeno, porque cabe suponer que buena parte de las extorsiones son lo bastante intimidatorias como para disuadir a las víctimas de presentar la denuncia respectiva, lo cierto es que en la capital del país, como en muchas otras ciudades, se padece ya el flagelo de los extorsionadores. Si bien muchas veces se trata de chantajes telefónicos a ciegas, por sujetos que carecen de la capacidad para cumplir sus amenazas, como ocurre con los falsos secuestros, las víctimas no necesariamente disponen de datos que les permitan distinguir entre esas llamadas y una amenaza real. El propio entorno de agudizada inseguridad da credibilidad a los mensajes, y si ello no bastara, los propios delincuentes se encargan de expresar en forma inequívoca su capacidad de violencia, como ocurrió ayer en el plantel de prescolar de la localidad fronteriza.

Si la práctica de la extorsión se incrementa y extiende por el país es porque sus operadores la perciben como una actividad tan lucrativa como viable, y ello sólo puede ocurrir en un contexto caracterizado por la ausencia de autoridades creíbles, capaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de identificar, perseguir, capturar y poner a disposición de los tribunales a los autores de las amenazas. Es decir, la extorsión se incrementa allí donde hay vacío de poder.

Hace unos días, al mencionar las filtraciones de documentos confidenciales estadunidenses que hacen referencia a nuestro país, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, aseveró que el Estado está en control del territorio a lo largo y ancho de las 32 entidades federativas. La realidad lo desmiente: en el centro de Tamaulipas hay cinco mil ranchos abandonados por sus propietarios a causa de las amenazas y la violencia de una de las agrupaciones criminales que disputan ese territorio. En tanto, en zonas mucho más extensas, otras facciones delictivas practican la extorsión contra ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos. La denuncia ante las autoridades policiales conlleva, en muchas circunstancias, un elevado riesgo, habida cuenta del grado de infiltración de la delincuencia en las corporaciones municipales, estatales y federales de seguridad pública, sin omitir que en diversas localidades de la franja fronteriza del norte los cuerpos de policía lisa y llanamente han dejado de existir.

En la misma declaración que se cita, Poiré Romero daba como indicador de la presencia del Estado que éste tiene previsto recaudar, en el curso del año en curso, cerca de un billón 300 mil pesos de impuestos. Resulta exasperante que a incontables causantes el dinero que desembolsan para sufragar, entre otras cosas, a instituciones que velen por su seguridad, no les ha servido de nada, y que en cambio deban entregar, bajo la presión de las amenazas, otras cantidades a entidades criminales que se erigen en verdaderas competidoras del gobierno en materia de recaudación.

Para finalizar, la multiplicación de las extorsiones es uno de los resultados aterradores, pero lógicos, de la equivocada estrategia oficial en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia. Hasta ahora, y a pesar de los pregonados triunfos gubernamentales en este terreno, los criminales siguen ganando poder, no sólo frente a las autoridades, sino también sobre la población.