Diputados locales cuestionaron ayer la decisión del Gobierno del Distrito Federal de clasificar como reservada por un periodo de siete años información relacionada con el proyecto de la supervía Poniente, por lo que lo exhortaron a reflexionar sobre ese caso, pues no abona a la política de transparencia que se trata de consolidar en esta capital.

En su edición de ayer, La Jornada publicó que la Oficialía Mayor del GDF respondió en esa forma a una solicitud de información respecto al programa de obras que fija las etapas y tiempos máximos que deben cumplir las empresas OHL, Copri y Atco, en la construcción de la citada vialidad.

Para Guillermo Huerta (PAN), secretario de la Comisión de Transparencia de la Gestión de la Asamblea Legislativa (ALDF), es lamentable que se reserve la información cuando es una obra pública que, según las mismas autoridades traerá beneficios para los ciudadanos.

De hecho, remarcó que esa situación “genera un alto sospechosísmo, pues no hay razón lógica para reservar los datos relacionados, por ejemplo, con el título de concesión. En la Ley Federal de Transparencia la única razón por la cual se clasifica una información es por seguridad nacional, y no entiendo porqué los datos de una obra pública estén reservadas”.

Alejandro Sánchez Camacho, vocero de la bancada del PRD en Donceles y Allende, manifestó: de entrada, nos genera sorpresa una decisión de esa naturaleza, sobre todo cuando el Distrito Federal ha obtenido el primer lugar en transparencia respecto de todas las demás ciudades del país, y se pronunció a favor de que la Oficialía Mayor o la Secretaría de Desarrollo Urbano las que reflexionen sobre el asunto y abran la información. El que nada debe nada teme, remachó.

Leonel Luna (PRD), diputado por Álvaro Obregón, una de las delegaciones por donde pasará esa vialidad, expresó que “poco abona a la transparencia, y creo que ante la serie de cuestionamientos que ha habido en torno a la supervía lo mejor es transparentar y abrir la información para que los ciudadanos conozcan en detalle todo el proceso. Si bien es cierto que hay una serie de juicios abiertos por demandas de vecinos y organizaciones, también es preciso aclararlo en la información, y si clasifican así dan la idea de que se oculta información a los ciudadanos, lo que es correcto en un esquema de acceso a la información que siempre hemos impulsado”.

Para Rocío Barrera, vicepresidenta de la Comisión de Transparencia, el GDF tuvo razón en clasificar la información como reservada en el caso del anexo 15 –del título de concesión– pues es parte de un proceso judicial, y así lo marca el artículo 37 de la Ley de Transparencia del DF. Respecto al anexo 14 (programa de liberación del derecho de vía), manifestó que se debe dar parte a la Contraloría para que se investigue el porqué no se encontró, siendo que se había confirmado su existencia en el expediente del título de concesión.