Washington, 9 de noviembre. La agencia estadunidense para combatir el contrabando de alcohol, tabaco, armas y explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), encargada de detectar el armamento que llega ilegalmente a México, no coopera adecuadamente con su vecino del sur a pesar de un claro aumento de sus investigaciones e incautaciones, según un informe divulgado este martes.

La ATF no comparte sistemática y coherentemente informaciones con sus aliados mexicanos y con algunas de sus agencias asociadas en Estados Unidos, explicó el informe interno del Departamento de Justicia sobre el Proyecto Gunrunner (Traficante de Armas), que se inició en 2005.

En los últimos tres años del programa, entre junio de 2007 y junio de 2010, el Proyecto Gunrunner ha intensificado sus esfuerzos ante la oleada de violencia criminal en México, resalta el estudio.

California, Nuevo México, Arizona y Texas, puntos de venta

La ATF, con poco más de 5 mil funcionarios, “incrementó el número de inspecciones de vendedores de armas en la frontera suroeste en 100 por ciento, y en 37 por ciento el número de detenidos en esa región (California, Arizona, Nuevo México y Texas) durante este periodo.

A modo de ejemplo, la agencia estadunidense desplegó durante cuatro meses un equipo especial de 100 investigadores en el estado de Texas, que culminó con más de mil inspecciones e investigaciones que condujeron al aseguramiento de más de 400 armas.

Pero al mismo tiempo, los integrantes de la agencia a menudo no comparten datos entre sí de forma extensiva, ni tampoco con otras importantes oficinas de lucha contra el crimen organizado, como la administración antidrogas (DEA), a pesar de que las organizaciones criminales no distinguen entre el tráfico de armas, de drogas o de personas.

“Hallamos que 68 por ciento de los casos abiertos por el Proyecto Gunrunner son individuales, y que algunos responsables de la ATF desalientan a los agentes que quieren llevar a cabo las investigaciones de alta complejidad que se requieren contra los miembros de alto nivel de organizaciones de traficantes”, asegura el texto.

La ATF incrementó el número de agentes permanentes en México y ha entrenado a centenares de policías de ese país. Sin embargo, los intentos de extender el rastreo de armas en la nación vecina no han sido fructíferos, explica el informe.

El número de peticiones de rastreo de armamento desde México ha aumentado de forma explosiva desde 2005, pero no siempre con éxito. En ese año la ATF atendió un total de mil 518 peticiones de identificación de armas desde México, y pudo satisfacer 44 por ciento de ellas. En 2009 fueron más de 21 mil las solicitudes, pero solamente 31 por ciento (poco más de 6 mil) tuvieron éxito.

Las peticiones para que se identifique al vendedor de origen del arma confiscada a un criminal mexicano, no suelen prosperar porque llegan demasiado tarde y también porque los investigadores mexicanos no consideran que sea un método realmente útil, critica el informe.