La reforma penal que entrará en vigor en 2016 tiene como uno de sus elementos principales los juicios orales y la posibilidad de que, para evitar el juicio, las partes lleguen a acuerdos extrajudiciales que les permitan saldar diferencias, reducir penas, acordar indemnizaciones y apoyar (con el testimonio del acusado) a la policía en el combate a la delincuencia.

En Estados Unidos, de acuerdo con el juez federal Charles R. Simpson y el magistrado de la Corte del noveno distrito de ese país, Diarmuid F. O’Scannlain, ese sistema ha funcionado, al grado que 90 por ciento de los asuntos que conocen los órganos judiciales se resuelven mediante ese tipo de acuerdos.

Es decir, sólo 10 por ciento de los casos llega a un juicio formal, lo que permite, sostuvieron, cumplir en gran medida con el compromiso de impartir justicia de manera pronta y expedita

Entrevistados en la sede de la embajada de Estados Unidos en México, ambos juzgadores federales comentan que se reunirán aquí con consejeros de la Judicatura Federal y otros funcionarios judiciales para intercambiar información y experiencias sobre los sistemas de impartición de justicia; poniendo énfasis en el proceso de reforma judicial que está en marcha en el país.

Simpson, por su parte, fue cuestionado sobre la forma como el sistema judicial estadunidense protege a sus jueces cuando conocen asuntos delicados relacionados con narcotráfico y el crimen organizado.

Es necesario sentirte seguro para actuar adecuadamente, precisó, y aseguró que en sus 14 años como juez, el tema de la seguridad no le ha preocupado ni le preocupa, porque el servicio de marshalls (agentes policiacos federales) se encarga de la seguridad de los órganos jurisdiccionales y de los jueces, cuando éstos tienen en sus manos asuntos delicados relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.

Rechazó la figura de los llamados jueces sin rostro, al señalar que los procesos penales también deben ser transparentes y abiertos a la sociedad, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la apertura y la seguridad.

Al igual que el magistrado O’Scannlain, evitó hacer comentarios o evaluaciones sobre el sistema judicial mexicano, la forma como operan los testigos protegidos en el país y otros temas que pudieran considerarse como una intromisión en los asuntos internos de México.

Nosotros no venimos a evaluar ni a dar consejos, venimos a intercambiar experiencias, insistieron. En el contexto de este intercambio, los estadunidenses hablarán sobre la aceptación de culpabilidad en los procesos penales en su país.

Señalaron que esta aceptación del acusado no es ni automática ni se da en todos los casos. Comentaron que muchas veces el acusado propone declararse culpable con el fin de reducir la sentencia en su contra o para llegar a acuerdos extrajudiciales con el gobierno federal en su beneficio.

Al respecto, señalaron que una vez que la fiscalía (equivalente al Ministerio Público) lleva ante la Corte a una persona que se declaró culpable, el juez de la causa tiene que cerciorarse de que el acusado está de acuerdo con el procedimiento y que la admisión de responsabilidad no fue hecha bajo presión.

En el caso de testigos protegidos, señalaron que ese tipo de testimonios tampoco son avalados por la autoridad en automático; incluso los dichos o versiones de los acusados son verificados por jurados, los cuales están en libertad de darle validez, a dichos testimonios.

Pero siempre, subrayaron, bajo la supervisión de los jueces, los cuales son los encargados de que los acuerdos o testimonios se den conforme a derecho, sin presiones de la autoridad y por voluntad propia.