La orden de aprehensión librada hace dos semanas por un juzgado federal con sede en Jalisco en contra de Julio César Godoy Toscano –misma que será utilizada para abrir un juicio de procedencia con la finalidad de suspender el fuero del diputado perredista– está sustentada en una denuncia anónima, en pruebas documentales y en la declaración de un testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) identificado como Emilio, cuyo paradero es un misterio.

Según consta en la orden de captura, a la que tuvo acceso La Jornada, el caudal probatorio con el que se hacen imputaciones al medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, es prácticamente el mismo que aquel que fue presentado en julio de 2009 a un juzgado federal de Nayarit, cuando se consiguió la primera orden de arresto contra el legislador.

La diferencia entre uno y otro expedientes judiciales es que la primera orden de aprehensión fue por delincuencia organizada en su modalidad de distribuir cocaína, y ahora, en esta segunda petición de captura, se le imputa a Godoy Toscano el mismo delito, pero en su hipótesis de fomentar el tráfico de esa droga.

El testimonio de Emilio, quien es señalado en otras averiguaciones previas de la PGR como sicario que estuvo al servicio del cártel La Familia, fue parte fundamental para que el Ministerio Público Federal obtuviera la medida cautelar contra el actual diputado perredista; sin embargo, los señalamientos que el testigo realizó sobre otros funcionarios de Michoacán se han ido desvaneciendo a más de un año de iniciado el proceso penal contra los involucrados en el llamado michoacanazo.

Por ahora, el paradero del testigo Emilio es un misterio. Desde hace casi un año no responde a las citas judiciales, según revelaron a este diario funcionarios del Poder Judicial Federal que pidieron no mencionar sus nombres.

A decir de las fuentes consultadas, entre noviembre de 2009 y febrero pasado, autoridades del juzgado primero de distrito con sede en Nayarit, a petición de varios abogados de ex funcionarios estatales y municipales, implicados en el llamado michoacanazo, citaron a comparecer en diversas ocasiones a ese juzgado a Emilio, pero el testigo jamás acudió.

Las autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada justificaron el incumplimiento del mandato judicial mediante un oficio en el que informaron que el compareciente, sin previo aviso, abandonó el sistema de resguardo de testigos protegidos, según indicaron los funcionarios consultados por este diario.