Mazatlán, Sin. Octavio Atilano Román y María del Rosario Alapizco, dirigentes de los seis pueblos afectados por la construcción de la presa Picachos, aseguraron ayer que recibieron amenazas de muerte, y responsabilizaron al gobernador Jesús Aguilar de cualquier acción en su contra. En entrevista a una radio local, Román indicó que las amenazas se emitieron a raíz de la autorización de 125 millones de pesos que aprobó recientemente el Congreso (de Sinaloa) para que el gobierno local cubra el compromiso de pagos pendientes para propiedades y tierras para los comuneros desplazados por el embalse.