En México, sólo 10 por ciento de los enfermos mentales tiene acceso a la atención y tratamientos médicos, debido a la falta de recursos económicos. Del presupuesto del sector salud, menos de 2 por ciento se destina a este tema, reconoció Carlos Campillo, titular de los Servicios de Atención Siquiátrica de la Secretaría de Salud (Ssa). Además, dijo, la ley está muy lejos de favorecer los derechos de los pacientes y terminar con la discriminación. Por ello, aunque el secretario José Ángel Córdova Villalobos ha asegurado que la salud mental es una prioridad de la actual administración, todavía las declaraciones no se traducen en más dinero.

Al participar en el taller Derecho a la integración a la comunidad: obstáculos y barreras, organizado por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis), el funcionario también admitió que en los hospitales siquiátricos del país hubo cambios en el trato que se daba a los pacientes asilados sólo hasta después del año 2000, cuando la organización Mental Disability Rights International (DRI) de Estados Unidos difundió un diagnóstico sobre las condiciones en que vivían.

Sobre el tema, Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI, resaltó el papel que tuvo México en la elaboración y puesta en marcha de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la importancia de que los gobiernos trabajen para que sus marcos jurídicos se adecuen a lo que determina el acuerdo, en particular el derecho de esas personas a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad, como lo plantea el artículo 19.

En México, 20 por ciento de la población sufre alguna enfermedad mental y de ellos alrededor de la mitad presenta un padecimiento severo e incapacitante. Además, están las personas con alguna discapacidad física, las cuales representan a 10 por ciento de los mexicanos.

Desde que a mediados de los años 90 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó modificar el concepto de daño a la salud, para incluir a las afecciones mentales por la discapacidad que originan y los años de calidad de vida perdidos por esta causa, también se les ubica entre las principales causas de discapacidad.

De acuerdo con la Convención de Naciones Unidas en esta materia, los individuos con discapacidad también deben contar con el reconocimiento de su personalidad jurídica. Así, pueden ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos, y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero.

Al respecto, Campillo dijo que en nuestro país una cosa es aceptar que las personas con discapacidad tienen derechos y otra las dificultades para que sean una realidad. Aunque ya existe un diagnóstico, e incluso se conocen las alternativas, falta mucho para poder llevarlas a cabo, dijo.

Se refirió al añejo proyecto de terminar con el sistema asilar para los pacientes siquiátricos, porque ya se ha demostrado –apuntó– que muchas de las personas que han estado internadas durante años tienen posibilidades de reincorporarse a la sociedad. Sin embargo, se requiere contar con redes de atención, centros comunitarios y, sobre todo, garantizar el acceso a los medicamentos, antes de pensar en cualquier cambio.

Otro factor que incide en el problema es que persiste la marginación y estigma hacia las enfermedades mentales, los cuales provienen incluso de las autoridades de todos los niveles de gobierno, indicó.