Guanajuato, Gto., 26 de agosto. El pleno del Congreso local dio entrada a la iniciativa del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez para reducir las penas por homicidio en razón de parentesco, con el propósito de que puedan salir libres seis campesinas presas por abortar, para lo que se reunió la Comisión de Justicia, con la intención de que la reforma se realice el próximo martes, cuando concluye el tercer periodo de sesiones.

El presidente del Congreso local, Juan Antonio Acosta Cano, notificó al pleno de la iniciativa para cambiar el artículo 156 del Código Penal que establece condenas de 25 a 35 años para las personas que asesinen a un familiar.

Oliva Ramírez añadió un párrafo que estipula: A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea a consecuencia de razones de carácter sicosocial que motiven la conducta, se le impondrán de tres a ocho años de prisión.

Al término de la sesión, la Comisión de Justicia comenzó el análisis de la iniciativa, y el próximo lunes se reunirá con el propósito de tener listo el dictamen y el pleno lo apruebe el martes 31 de agosto.

Tenemos tres días para verlo; ya lo hemos analizado con base en todo lo que los medios han comentado. No creo que esto solucione el problema de fondo si no se aplica una política de educación sexual, sostuvo el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado priísta Gerardo Gutiérrez Chico.

La iniciativa surgió luego de la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el caso de las seis campesinas presas por abortar y sentenciadas a más de 25 años de cárcel por homicidio en razón de parentesco.

La ONU hizo nueve recomendaciones al gobierno de Guanajuato, como verificar que María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha hubieran sido juzgadas adecuadamente, entre otras.

Luego, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado recomendó que se atenuaran las penas del delito de homicidio en razón de parentesco para que las campesinas de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo pudieran salir de la cárcel.

Aunque el Código Penal será reformado, el gobierno del estado no reconoce que las jóvenes presas tuvieron abortos espontáneos y que el Ministerio Público modificó las declaraciones para incriminarlas por homicidio.