La Comisión Permanente analiza un punto de acuerdo presentado por los senadores priístas Francisco Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, en el que solicitan que se exhorte al gobernador de Guanajuato a que deje en libertad cuanto antes a Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli Camargo, Liliana Moreno y Ana Rosa Padrón, mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco, que supone la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia.

Los senadores priístas resaltan que de acuerdo con información de diversas organizaciones civiles de defensa de los derechos de las mujeres, se conoce que en Guanajuato existen 160 mujeres enfrentadas a procesos judiciales desde el año 2000 a la fecha por haberse practicado abortos; sólo 14 de ellas fueron sentenciadas, y algunas han pasado ya cinco años en prisión, antes de ser liberadas mediante caución.

Los senadores del PRI subrayan que particularmente escandalosos resultan los casos de seis mujeres campesinas que se encuentran cumpliendo sentencias de entre 25 y 29 años de cárcel por causas de aborto, que sin embargo han sido tipificadas como homicidio en razón de parentesco, con lo cual las penas se incrementan significativamente.

Subrayan los legisladores que tal es la alevosía con la que se ha tratado a estas mujeres, que el propio gobernador de Guanajuato ha dicho que en su entidad no hay mujeres presas por aborto, sino por infanticidio.

Destacan que este fenómeno de criminalización de la mujer no es menor y es preciso evitar que se generalice; no se puede obviar que los sistemas judiciales en algunos estados están actuando no en función de lo que es justo sino de lo que es acorde con la moral de los gobernantes en turno.