Organizaciones civiles y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) festejaron la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar en todo el país los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en el Distrito Federal.

Asimismo, confiaron en que los ministros también reconozcan el derecho de las familias homoparentales a adoptar. No obstante, aseguraron que el próximo paso será lograr que el Congreso de la Unión impulse reformas para garantizar el acceso a la seguridad social de los matrimonios homosexuales.

Si las leyes del IMSS y del ISSSTE se aplicaran con base en el artículo primero de la Constitución, donde se reconoce el derecho a la no discriminación, éste se garantizaría en automático y no habría que hacer ninguna reforma, pero al no ser nombrados en la ley, debemos recurrir al ámbito legislativo, afirmó Lol Kin, de Acciona.

Ricardo Bucio, titular del Conapred, coincidió con la activista en que deben hacerse reformas para que los miembros de estas familias tengan acceso al Seguro Social y a los derechos de todo matrimonio.

No sólo hay que hacer cambios en las políticas públicas, sino también en la legislación. Hay que modificar las leyes de tal manera que no se conserven los candados que ahora ha determinado la Corte que no existen.

Emma Villanueva, de la organización Madres y Padres LGTB, sostuvo que espera que en la próxima sesión los ministros resuelvan en favor de la adopción por parejas gays. Nuestra lucha por el derecho al reconocimiento de las parejas homosexuales es principalmente porque el matrimonio es la manera más efectiva de proteger a nuestros hijos. Por ello queremos que los ministros tengan eso en cuenta.

Pero así como la comunidad de la diversidad sexual festejó el fallo de la SCJN, jerarcas religiosos lo rechazaron por considerar inmoral la ley que permite los matrimonios gay, además de que –dijeron– atenta contra los derechos de la infancia.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) consideró que la resolución es un error, pues pasa por encima de las constituciones estatales. Señaló que aunque somos respetuosos de las leyes, no creemos que todo lo que se hace legal necesariamente sea moral. Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la CEM, precisó que si dicha decisión es moralmente inaceptable, avalar las adopciones de menores caería en la aberración.

Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México, criticó el afán de legalizar actos destructivos que orillan al país a la descomposición y a la ruina moral. Señaló que si una ley carece de legitimidad moral atenta contra la ley natural y contradice la ley de Dios, por lo que hay que denunciar su perversidad públicamente.